Daniel Sirera: construir más y reducir trabas administrativas es esencial para abaratar la vivienda

El presidente del Grupo Municipal del PP en Barcelona sitúa el debate inmobiliario en el centro de la agenda local y sostiene que el problema actual no se resuelve con límites ni con restricciones, sino con más oferta y con reglas claras para atraer inversión.

Vivienda y oferta como eje del debate

Durante una entrevista en el programa Converses de COPE Catalunya y Andorra, Daniel Sirera afirma que “no hay más forma de que exista vivienda asequible y al alcance de la gente, que es construir”. Desde su punto de vista, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat han impulsado políticas que van en dirección opuesta, dificultando la creación de nuevos pisos mediante exigencias como la reserva del 30 % de las promociones para uso municipal.

El líder popular considera que estas medidas no solo encarecen los proyectos, sino que desincentivan la iniciativa privada y reducen el número final de viviendas disponibles en el mercado.

El peso de la burocracia municipal

Uno de los argumentos más reiterados por Sirera es la lentitud administrativa. Como ejemplo, señala que en distritos como Nou Barris el proceso para obtener una licencia puede alargarse hasta “1.000 días”. Esta demora, sostiene, empuja a promotores y constructores a buscar alternativas fuera de la ciudad, especialmente en otros municipios del área metropolitana.

A esta crítica añade su rechazo al control de precios del alquiler. A su juicio, el efecto puede ser el contrario al deseado: “Si a un propietario le obligas a bajar el precio, se lo alquilará a una persona que cobra 3.000 euros para garantizarse el cobro, no a quien cobra 1.200”, una situación que, según advierte, acaba perjudicando a quienes tienen menos recursos.

Propuestas para reactivar la construcción

Como respuesta, Sirera plantea un conjunto de medidas que pasan por flexibilizar la normativa urbanística, permitir viviendas en suelos destinados actualmente a oficinas y eliminar la obligación de ceder parte de las promociones al consistorio. También propone aprovechar los 38 edificios municipales vacíos y ocupados ilegalmente para levantar nuevos hogares, en lugar de destinar recursos públicos a la compra de pisos a terceros.

Desde su perspectiva, el freno a la construcción responde a una falta de voluntad política, ya que edificar implica ampliar equipamientos y servicios municipales, una responsabilidad que, asegura, el gobierno local evita asumir.

Colaboración público-privada como modelo

El dirigente popular defiende fórmulas ya aplicadas en ciudades gobernadas por su partido, como Madrid o Valencia. En este esquema, el ayuntamiento cede suelo público a un promotor privado que construye y gestiona vivienda social durante un periodo determinado, por ejemplo medio siglo. “La ciudad obtiene un edificio para hacer política social que no nos ha costado ni un euro y al final del periodo revierte al patrimonio municipal”, explica.

Choque frontal por la tasa turística

Sirera también muestra un rechazo contundente al aumento de la tasa turística, que califica de despropósito. “Estamos locos”, afirma, recordando que el turismo representa alrededor del 15 % del PIB barcelonés y sostiene una amplia red de trabajadores y proveedores. Avisa de que la subida puede alejar congresos y turismo de calidad hacia destinos más competitivos como Cornellà, Madrid o Valencia.

“Si tengo una empresa y quiero hacer una convención con 200 trabajadores, no voy a venir a Barcelona”, ejemplifica, advirtiendo de que la ciudad puede acabar soportando la presión turística sin percibir los ingresos fiscales asociados.

Una aplicación para vigilar la administración

Entre sus propuestas más concretas figura la creación de una aplicación móvil que permita a cualquier vecino seguir en tiempo real el estado de sus trámites municipales. La herramienta serviría, según explica, para detectar retrasos, bajas laborales o carencias de personal. “Así se podría saber si un papel está más tiempo de la cuenta en una mesa”, señala.

El planteamiento se apoya en una visión del servicio público centrada en el ciudadano. “Mi jefe no es Feijóo. Yo tengo 1.700.000 jefes”, afirma, subrayando que la administración debe estar al servicio de quienes pagan impuestos y no al revés.

Financiación autonómica y advertencias finales

En el debate sobre la financiación, Sirera defiende un sistema multilateral acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y cuestiona los pactos bilaterales. Muestra dudas sobre el destino de un eventual aumento de recursos para Catalunya y alerta del riesgo de crear “más chiringuitos”. Como reflexión final, plantea un escenario inverso para subrayar su argumento y cuestiona si esas mismas demandas se mantendrían en otras circunstancias políticas.