Romero advierte que los fondos de la nueva financiación catalana no se destinarán a rebajar impuestos

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, afirma que los recursos adicionales de la nueva financiación se orientarán a cubrir gastos sociales e inversiones estratégicas, y plantea establecer un suelo fiscal para evitar competencia desleal entre comunidades autónomas.

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Archivo - La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (
La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya -. Archivo - Europa Press

 

El debate sobre la financiación autonómica adquiere en Catalunya un carácter estratégico, en el que la Generalitat busca garantizar que los recursos adicionales se traduzcan en mejoras tangibles para servicios públicos y no se utilicen para disminuir la presión fiscal sobre determinados sectores.

 

Orientación de los recursos y prioridades económicas

Romero subraya que el incremento de financiación no puede destinarse a reducciones de impuestos y recalca que “no puede ser que pongamos más recursos en el sistema y entonces se bajen impuestos. Los recursos no caen del cielo, los ingresos vienen de los impuestos, si los bajamos, tendremos menos ingresos y eso es contradictorio con pedir más”.

La consellera detalla que una parte de estos fondos se aplicará a cubrir el gasto desplazado en sanidad y a impulsar inversiones en infraestructuras, colegios y hospitales, reforzando el carácter estratégico del modelo de financiación para Catalunya y orientando los recursos hacia políticas de impacto social directo.

 

Suelo fiscal para evitar competencia entre comunidades

Romero critica que algunas comunidades, como Andalucía, Extremadura, Baleares o Madrid, reduzcan impuestos para determinados sectores mientras solicitan más recursos al Estado para gestionar servicios públicos. En este sentido, plantea la necesidad de establecer un suelo fiscal en determinados tributos con el fin de evitar la competencia desleal entre territorios.

“Cuando hay propuestas que salen de Catalunya se ven mal de entrada porque salen de aquí, sobre todo en territorios gobernados por el PP”, apunta Romero, insistiendo en que el debate debería centrarse en el contenido y no en el origen de las propuestas.

 

Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera

La consellera lamenta que en el último CPFF las comunidades hayan actuado con partidismo, y observa que es sorprendente que territorios como la Comunidad Valenciana, Baleares o Murcia no defiendan mejoras que, según su análisis, les beneficiarían directamente bajo el nuevo modelo de financiación.

Romero afirma que la Generalitat mantiene “la mano extendida para negociar con Junts sobre financiación”, y subraya que existe margen tanto dentro como fuera del modelo actual para alcanzar acuerdos que fortalezcan la sostenibilidad de las cuentas públicas.

 

Recaudación del IRPF y negociación de presupuestos

En relación con la propuesta de ERC de que la Generalitat gestione el 100% del IRPF para poder acordar los Presupuestos de 2026, Romero asegura que se estudiará la manera de garantizar que la recaudación se traduzca efectivamente en recursos para la Generalitat. “Debemos mirar cómo garantizar a los republicanos que esto va de verdad, para poder así abordar las cuentas”, explica la consellera.

La Generalitat enfatiza que la negociación de la financiación no es únicamente un debate de cifras, sino un mecanismo para consolidar la inversión en políticas sociales y garantizar un marco económico estable que beneficie a toda la ciudadanía catalana.

 

Hacia un modelo de financiación sostenible

El mensaje institucional de Romero apunta a un modelo de financiación que priorice el gasto social, las inversiones estratégicas y la equidad entre comunidades autónomas, evitando la utilización de recursos adicionales para rebajar impuestos a sectores específicos y asegurando que cada recurso adicional tenga un impacto real en los servicios públicos.

El Ejecutivo catalán busca consolidar así un sistema más transparente y eficiente, en el que las decisiones económicas respondan a necesidades reales y no a consideraciones partidistas, reforzando la posición de Catalunya en el debate de financiación autonómica y en la negociación de los Presupuestos de 2026.

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