La Iglesia facilitará pisos y solares en desuso a la Generalitat para la bolsa de vivienda social de Catalunya

La política tiene a veces giros inesperados. El protocolo firmado entre la Generalitat y la Iglesia catalana para ceder inmuebles destinados a vivienda social es uno de esos movimientos que introduce un elemento nuevo tangible en un debate que llevaba demasiado tiempo atrapado entre declaraciones solemnes y resultados modestos.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los elemenots de fractura social de Catalunya. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan la mitad de sus ingresos al alquiler, y administraciones que anuncian planes con cifras ambiciosas pero velocidad lenta. La Generalitat ha incorporado cerca de 5.400 viviendas al parque público entre 2021 y 2025. Una cifra relevante, pero insuficiente frente a la magnitud del desafío.

La iglesia cederá espacios en desuso para vivienda social

En este contexto, la entrada de la Iglesia introduce una dimensión institucional que trasciende lo puramente inmobiliario. Durante décadas, la Iglesia ha sido una gran tenedora de suelo y edificios. Muchos de ellos, hoy, están infrautilizados o directamente abandonados. Que ahora decida ceder parte de ese patrimonio para vivienda social, sin perder la titularidad pero permitiendo su uso público, es una decisión pragmática y  política.

No es la primera vez que la Iglesia interviene en cuestiones sociales.  Cuando el arzobispo de Tarragona plantea que el acceso a un piso es un asunto de país, está reconociendo algo que la política ha tardado en asumir: que el mercado, por sí solo, no resolverá esta crisis.

Para el Govern de Salvador Illa, el acuerdo tiene también una lectura estratégica evidente. Su compromiso de alcanzar 50.000 viviendas sociales en 2030 necesita suelo, edificios y tiempo. Y el tiempo es precisamente el recurso más escaso en política. Cada año que pasa sin resultados visibles erosiona la credibilidad de cualquier plan, por bien diseñado que esté sobre el papel.

El protocolo permite sortear uno de los grandes obstáculos estructurales: la disponibilidad de suelo y patrimonio. No crea viviendas de inmediato, pero abre una vía. Y en política, abrir vías es tan importante como recorrerlas. La Iglesia mantiene la propiedad, la Generalitat asume la gestión, y ambas instituciones comparten el rédito de la operación. Una alianza que, hace apenas una década, habría sido impensable en el actual clima político catalán.

Pero conviene no caer en la complacencia.  La clave no está en la firma, sino en la ejecución.
La emergencia de la vivienda no admite soluciones simbólicas. Exige decisiones sostenidas, recursos constantes y una voluntad política que resista el desgaste del tiempo. La Iglesia ha movido ficha. El Govern también. 

Ahora empieza la parte más difícil: convertir el gesto en realidad. Porque en materia de vivienda, la credibilidad se mide por las llaves entregadas.