La Cámara de Barcelona quiere "peajes" que costeen el mantenimiento de las carreteras catalanas

La Cámara de Comercio de Barcelona ha reclamado la implantación de un sistema de pago por uso, "peaje", para garantizar el mantenimiento de las principales vías, en un contexto marcado por el deterioro de la red y el incremento del tráfico tras el levantamiento de las concesiones.

El Govern de la Generalitat afronta ahora un escenario muy distinto al de 2012, cuando la campaña No vull pagar se convirtió en un símbolo del malestar territorial. En aquel momento, el independentismo denunció que Catalunya soportaba la mayor concentración de autopistas de pago del país y presentó los peajes como un agravio comparativo. La protesta se extendió rápidamente y logró un apoyo transversal, alimentado por la percepción de que la ciudadanía financiaba infraestructuras en peores condiciones que en otras comunidades.

La desaparición de los peajes en la AP‑7, AP‑2, C‑32 norte y C‑33 en 2021 pareció cerrar el capítulo. Sin embargo, el debate ha resurgido con fuerza. El Govern de Salvador Illa no ha impulsado un modelo propio de tarificación, pero sí reconoce que el estado de la red exige una solución estable. La Generalitat mantiene bajo su gestión los peajes remanentes —C‑16, C‑32 sur, Túneles de Vallvidrera y Túnel del Cadí—, que han experimentado subidas tarifarias a principios de año.

La presión europea y el deterioro de las infraestructuras

La discusión se enmarca en un contexto europeo en el cual desde 2024, una directiva comunitaria obliga a los Estados miembros a aplicar algún mecanismo que repercuta en los conductores el coste del mantenimiento de autopistas y autovías. España es una excepción, pese a que el Gobierno central celebró en su momento que la eliminación de peajes suponía un ahorro de 752 millones anuales para los usuarios.

La Cámara de Comercio de Barcelona sostiene que la situación actual es insostenible. En un comunicado, ha defendido un sistema de pago por uso basado en los principios de “quien usa paga” y “quien contamina paga”, con un modelo homogéneo para todo el Estado y destinado exclusivamente a la conservación y digitalización de las vías. 

La entidad recuerda que la supresión de peajes ha provocado un aumento notable del tráfico, especialmente en la AP‑7, donde algunos tramos han registrado incrementos del 37% en vehículos ligeros y del 55% en pesados en apenas cinco años.

A este incremento se suma el déficit acumulado en conservación. La Asociación Española de la Carretera estima que la brecha de inversión ha pasado de 9.453 millones en 2022 a 13.491 millones en la actualidad. Más de la mitad de las carreteras del país presentan un deterioro grave o muy grave, mientras que la inversión anual efectiva resulta insuficiente para revertir la tendencia.

Un debate que vuelve al centro de la agenda en Catalunya

El Govern deberá decidir ahora si impulsa un modelo propio o si espera a que el Estado defina un sistema común. La presión de Bruselas, el deterioro de la red y el incremento del tráfico obligan a tomar una decisión en los próximos meses. La Cámara de Comercio de Barcelona reclama que el debate se aborde sin dilaciones y con criterios técnicos, mientras que las asociaciones de usuarios temen que cualquier fórmula suponga un retorno encubierto a los peajes tradicionales.

El Ejecutivo catalán mantiene abiertas las conversaciones internas y no descarta presentar una propuesta antes de que finalice este 2026, especialmente si el Gobierno central avanza en la transposición de la directiva europea. La discusión sobre cómo financiar el mantenimiento de las carreteras vuelve así al primer plano político, en un momento en el que la movilidad y la sostenibilidad se han convertido en prioridades estratégicas.