El PP de Catalunya recurre al Constitucional la restricción de compras inmobiliarias pactada por el Govern
La decisión anunciada por Alejandro Fernández sitúa en el Tribunal Constitucional la medida acordada con los Comuns en el marco presupuestario al considerarla un ataque a la propiedad privada y un ejemplo de la política de vivienda del Partido Socialista
En plena controversia sobre el acceso a la vivienda y con las cuentas autonómicas aún en el aire, la ofensiva jurídica abre un nuevo frente institucional y eleva el tono del debate político en Catalunya.
La comparecencia del dirigente popular se produce en Valls, acompañado por la líder del partido en Tarragona, Maria Mercè Martorell, y convierte la discusión presupuestaria en un pulso constitucional sobre los límites de la intervención pública en el mercado inmobiliario.
Un recurso ante el Tribunal Constitucional
El presidente del Partido Popular en Catalunya, Alejandro Fernández, anuncia que su formación lleva al Tribunal Constitucional la limitación de las compras especulativas incluida en el acuerdo entre el Govern y los Comuns para sacar adelante los presupuestos.
El dirigente califica la iniciativa de “absolutamente inaceptable” y sostiene que se trata de un “ataque inaceptable a la propiedad privada” que, a su juicio, afecta especialmente a la gente humilde. Enmarca la decisión en lo que considera una línea de actuación promovida por el Partido Socialista en materia de vivienda.
Con este paso, el PP catalán activa la vía constitucional para intentar frenar una medida que entiende lesiva para el derecho de propiedad y para el funcionamiento del mercado.
Críticas a la política de vivienda
Durante su intervención, Fernández amplía su diagnóstico y afirma que las actuales políticas públicas están teniendo un efecto devastador. “Están destruyendo el mercado de la vivienda, en Catalunya y en España, están destruyendo las esperanzas de millones de jóvenes que nunca en la historia reciente de nuestro país se habían encontrado con la imposibilidad tan bestial de adquirir una vivienda”, sostiene.
El líder popular sitúa el debate en el terreno generacional y vincula la limitación de las operaciones especulativas con la dificultad de acceso a una casa en propiedad. Desde su perspectiva, la intervención acordada en el marco de las cuentas autonómicas no corrige el problema, sino que lo agrava.
El pulso presupuestario y las acusaciones cruzadas
La controversia sobre la medida coincide con un momento de incertidumbre en torno a la negociación de los presupuestos de la Generalitat. Después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya asegurado que no se dan las condiciones para continuar las conversaciones, el presidente del PP en Catalunya endurece su discurso.
Fernández califica de “trileros” tanto a Junqueras como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les acusa de actuar con falta de honestidad política. “Se engañan entre ellos y engañan a la ciudadanía. Lo hicieron durante el procés, lo están haciendo con la financiación y lo hacen con todo. Ni ellos se creen lo que están negociando porque saben que es mentira”, afirma.
Con estas declaraciones, el líder popular no solo cuestiona la legalidad de la limitación de las compras especulativas, sino que pone en duda la credibilidad de las negociaciones entre las fuerzas que sostienen las actuales mayorías.
La batalla jurídica ante el Tribunal Constitucional y el cruce de acusaciones sobre el futuro de las cuentas autonómicas sitúan la política de vivienda y la estabilidad institucional en el centro del debate en Catalunya.
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