La Generalitat propone un nuevo IPC que incluya el coste de la vivienda en propiedad

La Generalitat ha planteado la creación de un Índice de Precios de Consumo alternativo ( IPC) que incorpore el coste de la vivienda en propiedad, un elemento que el IPC tradicional no contempla y que, según el Ejecutivo catalán, distorsiona la medición real del encarecimiento de la vida. La propuesta llega en un contexto en el que dos de cada tres catalanes —el 67,2%— residen en una vivienda de su propiedad, mientras que la evolución de los precios y de los salarios mantiene una brecha creciente.

Un indicador para reflejaría mejor el coste real de la vida

El planteamiento forma parte del número 109 de la publicación Nota de Economía, presentada este en el Recinto Modernista de Sant Pau. El artículo, elaborado por Anna Monreal, técnica de la Dirección General de Análisis y Prospectiva Económica, sostiene que la exclusión de la vivienda en propiedad del IPC actual impide captar uno de los principales gastos de los hogares.

Según los cálculos expuestos, entre 2013 y 2024 el coste de la vida aumentó un 26,8%, mientras que los salarios solo crecieron un 25,3%, una diferencia que, a juicio del Govern, se explica en gran parte por la presión del mercado inmobiliario.

La consellera de Economía, Alícia Romero, subrayó que la vivienda “desajusta por completo la capacidad adquisitiva” y constituye “el gran desequilibrio” en la economía doméstica. Su departamento defiende que un indicador más completo permitiría diseñar políticas públicas más ajustadas a la realidad social.

La propuesta se enmarca en un debate recurrente en el ámbito estadístico europeo: cómo medir el coste de la vivienda en propiedad sin distorsionar el índice general de precios. Mientras el IPC tradicional se centra en bienes y servicios de consumo corriente, la vivienda en propiedad se considera una inversión, lo que ha llevado históricamente a excluirla del cálculo.

Sin embargo, para la Generalitat, esta separación ya no refleja el impacto real que tiene la vivienda en el presupuesto familiar, especialmente en un territorio donde la propiedad es mayoritaria y los precios han experimentado incrementos sostenidos durante la última década.

La introducción de un IPC ampliado tendría efectos directos en ámbitos como la negociación colectiva, la actualización de rentas o la revalorización de prestaciones. Un indicador que refleje mejor el coste de la vivienda podría elevar las referencias salariales y modificar la indexación de determinados contratos públicos y privados.

Por ahora, la propuesta se sitúa en el terreno técnico y académico, pero el Govern aspira a abrir un debate más amplio con agentes sociales y económicos. La consellera Romero insistió en que disponer de un indicador más preciso es clave para orientar políticas de vivienda, fiscalidad y protección social.