Sirera reclama un modelo de alojamientos de emergencia que evite desahucios y malgasto

El debate sobre la gestión de los alojamientos de emergencia en la ciudad se intensifica mientras el Partido Popular denuncia que el actual modelo prioriza la intervención posterior al desahucio en lugar de prevenirlo. Daniel Sirera, presidente del grupo municipal del PP, asegura que el consistorio podría ahorrar recursos y proteger mejor a las familias vulnerables mediante un enfoque preventivo.

Coste actual y contraste con los alquileres

Según los datos aportados por Sirera, el Ayuntamiento destina alrededor de 4.000 euros mensuales por familia para cubrir alojamientos de emergencia gestionados frecuentemente por operadores turísticos privados. Esta cifra contrasta con los alquileres que las familias no pueden afrontar, que rondan los 800 euros al mes.

"Estamos ante una contradicción evidente que refleja un fracaso sistémico en la gestión de los recursos públicos", afirma Sirera. El líder popular subraya que el consistorio gasta en un solo mes lo equivalente a cinco meses del alquiler original, lo que evidencia, a su juicio, que el modelo actual resulta ineficiente y favorece a terceros privados en lugar de mejorar la vida de los ciudadanos.

Desde 2022, la inversión municipal en este tipo de alojamientos ha pasado de 32,6 millones de euros a 38 millones, lo que supone un desembolso diario de más de 100.000 euros. Esta cifra evidencia, según el PP, que los recursos existen pero no se aplican con un enfoque preventivo.

Críticas a la actuación municipal

Sirera denuncia que el gobierno municipal actúa únicamente cuando el desahucio ya se ha producido. Esta actuación reactiva, según él, genera costes mayores y deja a las familias en una situación más vulnerable.

"Es más barato, más justo y más eficaz evitar el desahucio con ayudas para pagar el alquiler que pagar a un operador turístico después", afirma. Además, añade: "No se entiende que el Ayuntamiento sea capaz de asumir 4.000 euros mensuales por familia y no haya movilizado antes una parte de ese importe para evitar la pérdida de su vivienda".

El dirigente popular insiste en que la política habitacional no debe centrarse únicamente en proporcionar alojamiento temporal, sino en mantener los contratos de arrendamiento y garantizar la estabilidad de los hogares.

Propuestas del Partido Popular

El PP plantea un conjunto de medidas concretas para transformar la gestión de los alojamientos de emergencia. Entre ellas destacan:

• La creación de un sistema de ayudas directas de urgencia para cubrir deudas de alquiler antes de que se ejecute el desahucio.
• La puesta en marcha de avales municipales temporales que faciliten acuerdos entre inquilinos y propietarios, evitando la ruptura de los contratos de arrendamiento.
• La reducción progresiva de la dependencia de operadores turísticos privados, reservando estos recursos únicamente para situaciones en las que la intervención preventiva no haya sido posible.

Sirera subraya que estas medidas no solo optimizan los recursos públicos, sino que también protegen a las familias, garantizando que no pierdan su vivienda.

"El Ayuntamiento tiene los recursos necesarios, lo que falta es voluntad política para utilizarlos a tiempo", concluye. Para el PP, la prioridad debe ser mantener a las familias en sus hogares, evitando situaciones traumáticas y costosas para la administración.

Impacto social y económico

Los expertos en políticas sociales consultados por Europa Press coinciden en que un modelo preventivo podría reducir significativamente los gastos municipales y el impacto negativo de los desahucios en la sociedad. Mantener a las familias en sus viviendas no solo disminuye la necesidad de alojamientos de emergencia, sino que también mejora la cohesión social y evita la exclusión habitacional.

El PP también recalca que los operadores turísticos privados reciben ingresos elevados por gestionar estos alojamientos, mientras que las familias afectadas ven comprometida su estabilidad y bienestar. Una intervención temprana mediante ayudas directas y avales podría equilibrar la ecuación entre costes y beneficios.

Camino hacia un modelo sostenible

El Partido Popular defiende que la administración municipal debe adoptar un enfoque preventivo, optimizando los recursos públicos y ofreciendo soluciones rápidas y eficaces a los ciudadanos. La implementación de estas propuestas requeriría coordinación entre servicios sociales, vivienda y atención a la ciudadanía, pero, según Sirera, los recursos existen.

"Mantener a las familias en sus hogares no es solo una cuestión de justicia social, sino de eficiencia económica", asegura. La adopción de estas políticas podría servir de modelo para otros municipios con problemas similares, garantizando que los recursos públicos se empleen de forma más eficaz y humanitaria.