La sociedad familiar inmobiliaria de Eulàlia Reguant llega al Parlament: guerra entre Junts y la CUP

El Parlament de Catalunya ha vivido una sesión especialmente tensa durante el debate de la proposición de ley de Junts per Catalunya para reducir el IRPF y bonificar prácticamente el impuesto de sucesiones. La iniciativa ha acabado siendo rechazada tras sumar la oposición de los grupos de izquierda.

En el centro del debate ha irrumpido con fuerza el vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, que ha lanzado un mensaje directo en el hemiciclo: “En mi grupo parlamentario no hay ningún diputado ni exdiputado que haya sido gran tenedor inmobiliario. No todo el mundo puede decir lo mismo”.

Sus palabras iban dirigidas a la exdirigente de la CUP Eulàlia Reguant - que se ha incorporado a la inmobiliaria de su familia, con un patrimonio de 12 millones de euros-, en un contexto marcado por el cruce de reproches personales y políticos.

Rechazo de la ley y división del Parlament

La iniciativa fiscal de Junts ha sido rechazada tras el voto en contra de los 72 diputados de PSC, ERC, Comuns y CUP a las enmiendas a la totalidad. En el lado contrario, los 61 diputados de Junts, PP, Vox y Aliança han defendido la propuesta.

El debate ha estado marcado por fuertes acusaciones cruzadas entre bloques ideológicos, especialmente en torno al modelo fiscal y al papel del impuesto de sucesiones.

Junts defiende su reforma fiscal

Desde Junts se ha defendido que la propuesta no supone un cambio estructural del sistema, sino una corrección de lo que consideran una “injusticia fiscal”. El grupo sostiene que el objetivo es aliviar la carga sobre rentas medias y bajas y evitar que la administración se beneficie del deterioro del poder adquisitivo.

Además, han cargado contra el impuesto de sucesiones, al que consideran especialmente gravoso, y han defendido bonificaciones amplias tanto en herencias como en donaciones, con especial atención a empresas familiares y primeras viviendas.

También han situado el debate en el contexto del déficit fiscal catalán, cifrado por ellos en 22.000 millones de euros, y han criticado lo que describen como una política “puramente recaudatoria” del Govern.

Críticas duras de la izquierda

La oposición de izquierdas ha reaccionado con contundencia. El portavoz de los Comuns, David Cid, ha resumido el debate en una confrontación directa: “Que paguen los ricos o que ganen los ricos”, acusando a Junts de impulsar políticas que benefician a las rentas altas.

Desde ERC, Lluïsa Llop ha calificado la propuesta de “populismo fiscal” y ha advertido de su impacto sobre los ingresos públicos. En la misma línea, el PSC ha criticado que este tipo de medidas reducen la capacidad del Estado del bienestar y favorecen, según su visión, a los sectores más acomodados.

La CUP también ha centrado su intervención en la desigualdad estructural y ha cuestionado el discurso de la meritocracia, negando que Catalunya sufra una presión fiscal excesiva.

Apoyos de la derecha y choque ideológico

PP y Vox han respaldado parcialmente el enfoque de Junts, coincidiendo en criticar el impuesto de sucesiones. Mientras los populares lo consideran injusto, Vox ha ido más allá y ha defendido su eliminación total, atribuyendo el problema al nivel de gasto público.

Por su parte, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha situado el debate en clave de conflicto fiscal con el Estado y ha denunciado lo que considera un “espolio fiscal”, ampliando la crítica al conjunto del sistema tributario.

Una votación que agranda la fractura política

El resultado de la votación ha evidenciado la profunda división del Parlament en torno al modelo fiscal catalán. La propuesta de Junts ha servido como catalizador de un debate mucho más amplio sobre redistribución, presión fiscal y el papel del Estado del bienestar.