Catalunya presiona para frenar la OPA del BBVA al Sabadell: el dilema de Sánchez

La oposición catalana a la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell se intensifica mientras el Gobierno central debe decidir en los próximos días si permite la operación. Junts, sindicatos, patronales y partidos catalanes exigen frenar una fusión que consideran lesiva para la economía y el empleo.

La aprobación con condiciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la OPA hostil del BBVA sobre Banco Sabadell ha abierto una nueva fase política y económica que sitúa al presidente Pedro Sánchez en una posición incómoda. La última palabra recae ahora en el Ejecutivo, que tiene la capacidad de bloquear la operación por interés general, y donde las presiones desde Catalunya se multiplican.

Uno de los actores más contundentes ha sido Junts, socio clave de la coalición de gobierno, que ha pedido al Gobierno que no autorice la operación. Jordi Turull, secretario general del partido, ha asegurado que hay amparo legal suficiente para frenar la fusión: “Nosotros debemos mojarnos políticamente, y hay amparo legal para que esta OPA no se autorice. El informe de la CNMC lo permite”.

Turull ha explicado que, aunque el consejero de la CNMC propuesto por Junts, Pere Soler, no votó en contra de la fusión, introdujo condiciones que abren la puerta a su bloqueo. Según el dirigente, la operación tendría graves consecuencias para la competencia en Catalunya y para el acceso al crédito de pymes y autónomos, especialmente en un territorio donde el Sabadell representa el 16,1% de las oficinas bancarias.

Apoyos desde sindicatos, patronales y partidos

Sindicatos como UGT y CC OO, así como partidos como ERC y los Comunes, también han expresado su oposición frontal a la fusión. Desde Barcelona, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha advertido de que esta operación es “negativa para los usuarios, destruye empleo y reduce la calidad del servicio”.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado la posible fusión como “una muy mala noticia” que refuerza el oligopolio financiero y podría suponer hasta 5.000 despidos.

En el plano económico, tanto la patronal Foment del Treball como la pimec (patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas) han rechazado también la operación. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, ha alertado de que las pymes catalanas podrían perder hasta 75.000 millones de euros en créditos si la OPA se consuma. “La experiencia nos dice que cuando hay fusiones bancarias, el riesgo no se suma. No es 2+2=4, como mucho es 3”, ha afirmado.

Por su parte, PIMEC ha alertado de que los remedios propuestos por la CNMC no protegen suficientemente a las pymes ni garantizan el equilibrio territorial del sistema financiero, y ha pedido al Ministerio de Economía, que lidera Carlos Cuerpo, que ejerza su competencia para detener la operación en esta tercera fase.

El papel de Salvador Illa y la ambigüedad del PSC

Desde el ámbito institucional, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha optado por la prudencia, afirmando que analizarán el informe con rigor. Pero Junts le ha reclamado que se posicione “claramente y sin esperar a lo que diga Madrid”, remarcando que existe un “gran consenso en Catalunya” contra la fusión.

El PSC, consciente de las implicaciones políticas, se ha mostrado cauto debido a su apoyo previo al regreso de la sede social del Sabadell a Barcelona tras los años del ‘procés’. La número dos del PSC, Luïsa Moret, ha defendido que el Gobierno está comprometido con evitar una concentración excesiva del sistema bancario.

Una fusión con efectos sistémicos

La CNMC ha aprobado la OPA con condiciones, pero ha señalado problemas de competencia en el segmento de particulares, pymes, autónomos y en el acceso financiero en zonas rurales. Si el BBVA logra la absorción, su cuota de mercado conjunta en Catalunya ascendería al 34,8%, una cifra que ha encendido todas las alarmas.

Además, el recurso judicial presentado por Foment del Treball ante la Audiencia Nacional, aún sin resolver, añade incertidumbre al proceso. La Audiencia ya ha aceptado el recurso y tiene un mes para decidir si lo admite a trámite con medidas cautelares, lo que podría paralizar temporalmente la operación.

Decisión política en marcha

El ministro Carlos Cuerpo dispone ahora de 15 días para decidir si eleva el caso al Consejo de Ministros, algo que se da por hecho. Si lo hace, el Gobierno tiene 30 días más para tomar una decisión definitiva, con la posibilidad de imponer más condiciones o bloquear la operación en nombre del interés general.

En este contexto, Catalunya se moviliza política, sindical y empresarialmente para evitar la desaparición de uno de sus grandes activos financieros. El pulso está servido, y Pedro Sánchez deberá decidir si cede a la presión catalana o permite avanzar una operación que reconfiguraría por completo el mapa bancario español.