Varapalo de Bruselas a España: alertan del alto riesgo de corrupción y mencionan el caso Ábalos

La Comisión Europea ha publicado este martes su informe anual sobre el Estado de derecho, en el que alerta del elevado riesgo de corrupción en España, con especial atención a la contratación pública y la financiación de partidos políticos. El documento recoge expresamente la investigación al exministro de Transportes José Luis Ábalos, implicado en el caso Koldo, como uno de los escándalos más significativos del último año.

El informe denuncia que persisten áreas de alto riesgo sin avances legislativos, como la falta de reforma de la ley electoral o de medidas efectivas para mejorar la transparencia institucional, la regulación de lobbies, o los conflictos de intereses en el sector público.

Ábalos, la amnistía y el fiscal general, bajo la lupa

En relación a la corrupción, Bruselas identifica demoras en la aplicación de la ley y una preocupante lentitud en la resolución judicial de casos de alto nivel. La Comisión recuerda que el Gobierno debía presentar antes de septiembre una estrategia integral contra la corrupción, “pero ese trabajo está aún por empezar”.

La Comisión menciona también la acusación del Tribunal Supremo contra el fiscal general por la supuesta filtración de información confidencial sobre un caso de fraude fiscal. Además, mantiene su exigencia de reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y desvincularlo del Ejecutivo.

Respecto a la polémica Ley de Amnistía, la CE evita pronunciarse al estar pendiente del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), aunque recuerda que fue declarada constitucional en España y admite su “gran controversia política”.

Riesgos para el poder judicial y libertad de prensa

Bruselas critica la falta de avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de su sistema de elección, que considera fundamental. También advierte sobre el impacto de las declaraciones de políticos contra los jueces, incluidas las del Gobierno, por dañar la confianza pública en la justicia.

En cuanto al pluralismo mediático, señala falta de progreso en el acceso a la información pública y expresa preocupación por las condiciones laborales y la seguridad de los periodistas en España.