Estas son las 15 medidas que propone Pedro Sánchez para combatir la corrupción en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado en el Congreso los contenidos del nuevo Plan estatal contra la corrupción, una propuesta con 15 medidas estructuradas en torno a cinco grandes ejes. El plan busca reforzar los controles institucionales, blindar la Administración frente al fraude, mejorar la respuesta judicial, proteger a los denunciantes y promover una cultura de integridad en el sector público y político.

A continuación, el desglose por ejes:

Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles

Creación de una Agencia Estatal de Integridad Pública e Independiente, que asumirá funciones de prevención, supervisión y persecución de la corrupción, y coordinará la actuación institucional en este ámbito.

Extensión de los mecanismos de control aplicados a los fondos europeos Next Generation a toda la Administración. Esto incluye mapas de riesgo, análisis de datos y trazabilidad en los procesos.

Incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público, con el objetivo de detectar patrones anómalos o indicios de fraude.

Obligatoriedad de sistemas de cumplimiento normativo (compliance) para las empresas que quieran contratar con el sector público, así como el uso de pactos de integridad en determinadas contrataciones.

Nueva Ley de Administración Abierta, que reforzará la transparencia activa, activará sistemas de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia. También se establecerán controles patrimoniales anuales y aleatorios para altos cargos durante todo su mandato.

Refuerzo del control sobre partidos políticos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros, que deberán someterse a auditorías externas e independientes. Se exigirá mayor transparencia en las donaciones privadas, rebajando el umbral de publicación a 2.500 euros y acortando a un mes el plazo para informar. Asimismo, se aprobará una Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés.

Protección a los denunciantes de corrupción

La futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal garantizará que cualquier persona que denuncie corrupción ante Fiscalía, Policía o un juez cuente con protección jurídica plena, confidencialidad y apoyo legal. Además, se exigirá a todas las administraciones y empresas disponer de canales internos de denuncia, integrados en un sistema general de integridad institucional.

Refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar

Creación de secciones judiciales especializadas en delitos contra la Administración dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados y procedimientos sumarios para los casos que afecten a cargos públicos.

Refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y remisión a las Cortes del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que trasladará la instrucción penal al Ministerio Fiscal.

Endurecimiento del Código Penal: aumento de las penas por delitos contra la Administración Pública, duplicación de los plazos de prescripción y multas calculadas sobre los ingresos anuales de las empresas implicadas, no solo sobre sus beneficios.

Exclusión automática de la contratación pública para empresas condenadas por corrupción, mediante un sistema de listas negras.

Retirada de subvenciones públicas a partidos políticos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción. Además, se endurecerán las sanciones por infracciones contables.

Recuperación de bienes robados

Refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, con más medios y personal, y una mejor coordinación con juzgados, fiscalías y la Fiscalía Europea.

Creación del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes sospechosos sin necesidad de una condena penal previa, siempre que existan indicios fundados de actividad delictiva.

Cultura de integridad

Realización de estudios demoscópicos anuales sobre percepción y experiencia ciudadana de la corrupción, campañas de sensibilización y formación especializada para empleados públicos en ética y prevención del fraude.

El Gobierno ha asegurado que este plan será objeto de evaluación periódica por parte de la OCDE y que su objetivo último es restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Sánchez ha calificado el conjunto de medidas como “honesto, ambicioso y realista”.