Golpe directo a Airbnb, Consumo elimina 66.000 anuncios ilegales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha logrado una de las mayores retiradas de contenido ilegal en plataformas digitales en lo que va de año: Airbnb ha eliminado un total de 65.935 anuncios de alojamientos turísticos que no cumplían con la normativa vigente en España. La medida llega tras varios recursos judiciales presentados por la empresa, que fueron desestimados por los tribunales, dando luz verde a la ofensiva legal impulsada por Consumo.

Lejos de ser un caso aislado, la actuación del Ministerio continúa. La Unidad de Análisis de Consumo ha detectado otros 54.728 anuncios que no incluyen el número de registro oficial, obligatorio desde el pasado 1 de julio. Estos nuevos casos serán denunciados en los próximos días y se exigirá su retirada inmediata o la corrección de la información, según han confirmado fuentes del Gobierno.

Para llevar a cabo esta operación, el Ministerio ha elaborado un archivo digital detallado que recopila la tipología de cada alojamiento (ya sea una habitación o una vivienda completa), su ubicación geográfica (ciudad, provincia y comunidad autónoma) y los datos públicos disponibles sobre los anfitriones. Con ello, el Ejecutivo refuerza su compromiso de garantizar el cumplimiento de la ley en materia de consumo y vivienda, y defiende que esta actuación se inscribe en la protección del derecho constitucional a una vivienda digna, “por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”, según ha declarado el propio Bustinduy.

Desde Airbnb, sin embargo, han mostrado su disconformidad con la metodología empleada por el Ministerio, alegando que algunos de los anuncios eliminados sí cumplían con los requisitos legales o no estaban obligados a mostrar un número de registro. Aun así, la compañía ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para colaborar en la retirada de anuncios irregulares y enviar información mensual sobre los alojamientos publicados, en un intento de mejorar la transparencia y ajustarse a las nuevas exigencias normativas.