"La Ley de Secretos de España", en el punto de mira de Bruselas por multas a periodistas
Un nuevo conflicto ha surgido entre el Gobierno español y las instituciones europeas a raíz de la ley que choca con el Reglamento Europeo sobre Libertad de los Medios.
La controversia se centraen la nueva ley que prevé sancionar con multas millonarias a los periodistas que divulguen información clasificada, una medida que ha generado una fuerte oposición.
La nueva ley de secretos
El Consejo de Ministros ha aprobado y remitido a las Cortes el Proyecto de Ley de Información Clasificada, una norma que sustituye la anticuada Ley de Secretos Oficiales de 1968. Según el ministro Félix Bolaños, esta legislación busca homologar a España con las democracias más avanzadas, garantizando el derecho de los ciudadanos a conocer información sensible siempre que no comprometa la seguridad nacional.
Plazos de desclasificación y sanciones
Una de las principales novedades es el establecimiento de plazos de desclasificación automática: 45 años para el "alto secreto" (prorrogables 15 más) y 35 años para los documentos "secretos" (prorrogables 10). La ley también prevé sanciones por la difusión no autorizada, con multas que oscilan entre 300.000 euros y 2,5 millones de euros en casos de amenaza grave para la seguridad.
El choque con Bruselas y la crítica
A pesar de las intenciones modernizadoras, la ley ha generado una fuerte controversia. Choca con el Reglamento Europeo sobre Libertad de los Medios debido a que las sanciones, que no excluyen a los periodistas, podrían ser impuestas por una autoridad política sin intervención judicial. El Consejo de Estado y el Consejo Fiscal han advertido sobre el riesgo que estas medidas suponen para la libertad de información.
La medida paralela de protección al periodismo
En un intento por equilibrar la situación, el Gobierno ha presentado un Anteproyecto de Ley Orgánica para regular el derecho al secreto profesional de los periodistas, un derecho constitucional que hasta ahora no estaba reglamentado. Esta iniciativa busca proteger las fuentes y el trabajo de los profesionales de la información, aunque el debate sobre las sanciones millonarias sigue abierto y se espera que se retome en otoño en el Parlamento.
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