Anticorrupción pide una pena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos y más de 19 para Koldo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que suman un total de 24 años de prisión para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y 19,5 años para su exasesor Koldo García, por su implicación en una trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de 2020. Además, ambos enfrentan una multa conjunta de más de 3,9 millones de euros. La acusación incluye cinco delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos.

El caso, conocido como el "Caso Koldo", ha revelado cómo la trama se benefició de información privilegiada sobre la urgencia sanitaria para asegurar contratos de mascarillas para empresas públicas como Puertos del Estado y ADIF, valorados en millones de euros. Según la Fiscalía, Víctor de Aldama, el comisionista implicado, aprovechó su estrecha relación con los investigados para conseguir esos contratos a través de su empresa, Soluciones de Gestión, mientras que Ábalos y García se beneficiaron de pagos en efectivo y favores personales. Entre ellos, se destaca un piso alquilado a la expareja de Ábalos y una operación inmobiliaria que implicó la compra de un chalé en Cádiz, lo que ha dejado en evidencia el entramado de sobornos y favores.

A pesar de su colaboración con la justicia, lo que ha permitido avanzar en la investigación, la Fiscalía ha solicitado una pena de siete años de prisión para Aldama, aplicándole la atenuante de confesión. Sin embargo, la petición para Ábalos y García ha sido más severa, dada la gravedad de los delitos y su implicación en la organización criminal. Además, el Ministerio Público ha solicitado que ambos sean responsables de una indemnización de más de 34.000 euros, que se destinaría a Ineco y Tragsatec, las empresas públicas en las que supuestamente se habría enchufado a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos.

La defensa de los implicados, sin embargo, ha recurrido la instrucción, argumentando vulneraciones en el derecho a la defensa y falta de acceso a pruebas clave, como las incautadas por la Guardia Civil.