Cambios en el uso de las lenguas cooficiales: ¿qué podría pasar con tus trámites ante la Justicia y Hacienda?
El Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de la ley de garantía del plurilingüismo, una norma cuyo objetivo es asegurar que cualquier ciudadano pueda relacionarse en catalán, euskera o gallego con la Administración General del Estado con plena validez jurídica.
La propuesta legislativa busca que las comunicaciones con los órganos judiciales, las instituciones constitucionales y la administración central se puedan realizar en las lenguas cooficiales sin necesidad de adjuntar una traducción al castellano.
La ley ha sido impulsada por un bloque
La ley ha sido impulsada por un bloque formado por ERC, EH Bildu, el PNV, el BNG, Compromís y los Comuns. Su toma en consideración ha salido adelante gracias al voto favorable del PSOE y también de Junts per Catalunya.
Durante el debate, el diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro, ha defendido que la ley pretende acabar con la "discriminación" para que los hablantes de estas lenguas dejen de ser considerados "ciudadanos de segunda" ante la administración. Por su parte, Aina Vidal (Comuns) ha subrayado que la norma "no es una concesión ni un privilegio", sino una respuesta a los "incumplimientos sistemáticos" en la defensa y promoción de las lenguas cooficiales distintas al castellano.
Desde Junts, la diputada Pilar Calvo se ha desmarcado del marco constitucional, afirmando que "el catalán no necesita que el Estado español le garantice nada, sino que deje de ahogarlo".
El PSOE ha justificado su apoyo apelando a una España "diversa, plural y cohesionada". El diputado socialista Marc Lamuá ha asegurado que esta apuesta es una forma de "cuidar la democracia y garantizar derechos fundamentales". En el lado opuesto, el Partido Popular ha votado en contra, acusando a los socialistas de ceder al "chantaje" de los independentistas, a quienes acusa de utilizar las lenguas políticamente.
Alcance de la ley y respaldo social
El texto plantea medidas con rango de ley en ámbitos clave como la administración de justicia, el procedimiento administrativo, la función pública, la seguridad pública y el consumo. El objetivo final es dotar de "plena validez y eficacia" a las lenguas cooficiales en competencias reservadas al Estado.
La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades civiles como la Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, a Mesa pola Normalización Lingüística (Galicia), la Iniciativa pol Asturianu y la Federació de l'Escola Valenciana.
David Minoves, presidente del Ciemen (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals), ha valorado la votación como un "gesto significativo" de cara a los países reticentes en la Unión Europea. No obstante, Minoves ha advertido del riesgo de que la ley quede "aparcada en un cajón" del Congreso tras este primer paso, lo que enviaría un mensaje "terriblemente contradictorio" en un momento de emergencia lingüística.
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