El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles la prórroga del salario mínimo interprofesional fijado actualmente en 1.184 euros brutos mensuales en catorce pagas, dentro del paquete de medidas urgentes en materia de empleo. El Gobierno mantiene así la cuantía vigente a partir del 1 de enero de 2026 hasta que se apruebe el real decreto que determine el nuevo SMI para ese año.
Aunque el Ejecutivo recuerda que la vigencia del salario mínimo no decae automáticamente por el mero transcurso del plazo del real decreto anual que lo regula, la Dirección General de Trabajo subraya que esta prórroga responde a una necesidad de seguridad jurídica, con el objetivo de despejar cualquier duda interpretativa y garantizar la continuidad del SMI mientras se negocia su actualización.
De este modo, y dado que el SMI de 2025 tenía vigencia formal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, el Gobierno considera necesario mantenerlo transitoriamente desde el inicio de 2026. El texto publicado en el BOE deja claro que la prórroga estará en vigor “hasta que se apruebe el real decreto por el que se fije el salario mínimo interprofesional para el año 2026”, conforme a lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
Negociación abierta y subida con efectos retroactivos
El Ministerio de Trabajo volverá a reunir a sindicatos y patronales a la vuelta de Navidad para retomar la negociación sobre la subida del SMI de 2026, que, como en ejercicios anteriores, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esto implica que, aunque el año comience con el SMI congelado en 1.184 euros, la cuantía se ajustará posteriormente al alza con efectos económicos desde el inicio del ejercicio.
En la primera toma de contacto celebrada la semana pasada, Trabajo presentó el informe del Comité de Expertos, que plantea dos escenarios de incremento. Si el SMI sigue exento de tributación en el IRPF, la subida propuesta es del 3,1%, lo que situaría el salario mínimo en 1.221 euros mensuales. Si, por el contrario, el SMI empieza a tributar, la subida alcanzaría el 4,7%, elevándolo hasta 1.240 euros al mes.
Choque de posiciones entre Gobierno, sindicatos y patronal
El debate sobre la cuantía del SMI y su fiscalidad vuelve a evidenciar las diferencias entre los actores sociales. Hacienda defiende una subida que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos —un colectivo donde predominan mujeres y jóvenes— y subraya que lo esencial es que el salario neto cumpla con la Carta Social Europea, que establece que el salario mínimo no debe ser inferior al 60% del salario medio nacional neto.
Por su parte, CCOO y UGT reclaman un incremento más ambicioso, del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos mensuales, asumiendo la tributación obligatoria en el IRPF. En el extremo opuesto, la CEOE propone una subida mucho más moderada, del 1,5%, condicionada a que no se modifiquen las reglas de absorción y compensación, una línea roja para los sindicatos y para el propio Ministerio de Trabajo.
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