Esquerra Republicana de Catalunya ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir el abono inmediato de las ayudas previstas en la Ley 3/2024, destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Los republicanos denuncian “graves retrasos” en la aplicación efectiva de la norma, una situación que, aseguran, está agravando las dificultades que ya sufren los pacientes y sus familias.
Retrasos en la aplicación de la Ley ELA
ERC quiere saber cuál es el importe total destinado al despliegue de la Ley ELA y qué parte se ha transferido a las comunidades autónomas, así como el grado real de ejecución de los recursos previstos en el Real Decreto-ley 11/2025 para su implementación. Los republicanos cuestionan además si el Ejecutivo considera que la dotación económica actual es suficiente para garantizar una atención digna, continuada e integral a todas las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad.
Dudas sobre la financiación y los cuidados
Entre las preguntas registradas, ERC también interroga al Gobierno sobre las medidas previstas para reforzar la asistencia personal y los cuidados intensivos contemplados en la ley. La formación reclama claridad sobre si el Ejecutivo piensa revisar o incrementar la financiación, teniendo en cuenta “las demandas expresadas por las organizaciones de pacientes y la realidad de los costes asociados a los cuidados intensivos”.
En este sentido, el diputado de ERC Jordi Salvador alerta de que “una parte significativa de las personas con ELA todavía no accede de manera real a las ayudas previstas”, pese a que ha transcurrido más de un año desde la aprobación de la norma. Para ERC, este retraso vacía de contenido una ley que nació para dar respuesta urgente a una situación límite.
Llamamiento a cumplir una ley aprobada por consenso
Los republicanos recuerdan que la Ley ELA fue aprobada con un amplio consenso social y político, fruto de la movilización sostenida de pacientes, familias y entidades sociales. Por ello, subrayan que resulta “imprescindible garantizar la financiación necesaria para que la asistencia personal y los cuidados intensivos sean una realidad inmediata y no una promesa incumplida”.
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