El Congreso aprueba el Escudo Social con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG
El Pleno respalda un paquete de 80 medidas fiscales y energéticas que moviliza 5.000 millones de euros para proteger familias, trabajadores y sectores estratégicos frente a la crisis derivada de la guerra en Irán.
La aprobación refleja la apuesta del Ejecutivo por garantizar estabilidad económica, seguridad energética y protección social, combinando medidas inmediatas con soluciones estructurales para hogares, empresas y comunidades autónomas.
Un respaldo parlamentario amplio
El Congreso convalida el real decreto ley con 175 votos a favor, 33 en contra y 141 abstenciones. Han votado a favor PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC, UPN y la diputada de Compromís Águeda Micó, mientras que PP y Podemos se abstienen y Vox se opone.
El texto, vigente desde el Consejo de Ministros del 20 de marzo y ahora en trámite como proyecto de ley, incluye 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros para paliar el impacto económico de la guerra en Irán.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subraya que "proteger y preparar" son los objetivos centrales del plan y que "las gasolineras ya reflejan el 90 % de la bajada fiscal", reforzando "nuestra apuesta por nuestra soberanía energética".
Rebajas fiscales y apoyo a sectores clave
Entre las medidas más relevantes, el escudo social reduce el IVA de electricidad, gas, butano, propano y carburantes, congela los precios máximos de venta de butano y propano y recupera bonificaciones del 80 % en peajes eléctricos para la gran industria.
Transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores reciben una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de País Vasco y Navarra, con el objetivo de garantizar la actividad de los sectores esenciales y contener la inflación en la cesta de la compra.
Protección laboral y supervisión empresarial
El decreto prohíbe despidos objetivos por causas derivadas del conflicto en Irán y refuerza la capacidad de la CNMC para supervisar márgenes empresariales y sancionar posibles abusos. Se pretende que las ayudas públicas beneficien a los destinatarios sin que se produzcan beneficios indebidos.
El presidente del Gobierno resalta que estas medidas combinan protección inmediata con una estrategia de control y estabilidad económica que beneficia tanto a familias como a sectores productivos vulnerables.
Energía, autoconsumo y transición ecológica
El paquete contempla deducciones en el IRPF para autoconsumo, instalación de bombas de calor, puntos de recarga y vehículos eléctricos. Las ayudas para rehabilitación energética de viviendas se extienden a 2025 y 2026, beneficiando a más de 290.000 personas desde 2021 y fomentando eficiencia energética certificada.
ERC destaca su contribución para ampliar la distancia de autoconsumo hasta cinco kilómetros, mientras que Bildu valora el escudo social y la protección de la industria electrointensiva, aunque critica que "la rebaja generalizada de impuestos se aplica sin tener control real sobre los precios".
Reacciones políticas y pactos estratégicos
Junts asegura que la columna vertebral del decreto son sus propuestas para proteger a la clase media y trabajadora. El PP, pese a su abstención, considera el plan "insuficiente" y "llega tarde", señalando que la mitad de las rebajas impositivas las financian las comunidades autónomas. Vox vota en contra, criticando subvenciones a renovables y denunciando irregularidades en hidrocarburos: "Han dado licencias a empresas piratas que no pagan impuestos", afirma José María Figaredo.
PNV considera las medidas "útiles y necesarias" aunque pide mayor coordinación, y Sumar y Podemos se abstienen ante la inclusión de prórroga de alquileres en otro decreto, calificándola de "ineficaz" e "injusta".
Vivienda pública y eficiencia energética
El escudo social incluye deducciones por rehabilitación energética: 20 % por obras que reduzcan al menos un 7 % de demanda, 40 % por mejoras de 30 % de consumo o calificación A/B, y hasta 60 % en edificios residenciales con eficiencia destacada, vigentes hasta 2027. También se impulsa la construcción de vivienda pública y asequible mediante cambios en la Ley de Contratos del Sector Público, facilitando colaboraciones público-privadas.
Estas medidas integran protección social, eficiencia energética y acceso a vivienda, reforzando la capacidad del Gobierno para responder ante crisis internacionales y mantener la estabilidad en Catalunya y el resto del país.
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