Las medidas económicas que se quedan en el tintero debido a las elecciones generales de 23-J

La decisión de adelantar las elecciones generales al 23 de julio implica la suspensión de las actividades parlamentarias a partir de este martes 30 de mayo, día en el cual se disuelven las Cortes. 

Como resultado, varias medidas económicas que se encontraban en proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados o que se esperaba presentar en este primer semestre quedan pendientes. Esta es una lista con las principales medidas económicas que se ven perjudicadas: 

REFORMAS SANITARIAS

La sanidad se encontraba a la espera de dos modificaciones legislativas. La primera de ellas era la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, la cual, además de garantizar la eliminación de los copagos, tenía como objetivo limitar la actividad de las empresas privadas de salud en colaboración con las comunidades autónomas. 

El texto de esta ley, que se encontraba en un prolongado período de enmiendas antes de ser sometido a la Comisión de Sanidad, establecía que la concertación con empresas privadas solo sería permitida en "circunstancias excepcionales", priorizando así la gestión directa y pública de todo el sistema sanitario.

El Estado también se había comprometido a llevar a cabo una reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento con el fin de facilitar el acceso a nuevos tratamientos al tiempo que se mejoraban las condiciones económicas de los fármacos considerados estratégicos por la Agencia del Medicamento, la mayoría de los cuales se encontraban en etapas avanzadas de desarrollo. 

Esta reforma estaba estrechamente vinculada al Plan de la Industria Farmacéutica, una estrategia que, de ser implementada en su totalidad, implicaba una inversión de 8.000 millones de euros por parte de las empresas del sector.
 

CLIENTE FINANCIERO

También quedaría pendiente la creación de la nueva Autoridad del Cliente Financiero respaldada por el Gobierno de Pedro Sánchez, encargada de gestionar las reclamaciones contra entidades financieras y aseguradoras. Hace tan solo unas semanas, el proyecto de ley fue aprobado por amplia mayoría en el Pleno del Congreso y posteriormente fue remitido al Senado. Sin embargo, la disolución de las Cortes impedirá su tramitación y relegará a este esperado organismo a quedar en el olvido.

LABORAL Y PENSIONES

En el ámbito laboral, Yolanda Díaz se embarcará en su carrera política sin concluir la elaboración del Estatuto del Becario. A pesar de las prolongadas negociaciones, todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre aspectos como las cotizaciones sociales de los estudiantes que realizan prácticas en empresas. 

Se esperaba que se realizaran modificaciones al contrato de relevo durante este primer semestre, ampliando su aplicación a sectores más allá del ámbito industrial, como se comprometió el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Tanto los sindicatos como los empresarios también se comprometieron en este sentido en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Esta fórmula fomenta la jubilación parcial, ya que facilita la transición hacia la jubilación y permite que el trabajador sénior forme a un perfil con menos experiencia.

Sin embargo, la Ley de la Seguridad Social quedará pendiente de ser abordada, a pesar de que el real decreto-ley ya entró en vigor en marzo y la reforma de pensiones está en pleno funcionamiento, aunque no pudo incluir enmiendas.
 

AUTOMOCIÓN

En el sector de la automoción, queda pendiente la segunda convocatoria del Programa Estratégico de Apoyo a la Industria del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte). Esta convocatoria estaba planeada para ser dividida en dos partes: una enfocada en las baterías, que ya ha recibido la aprobación de Bruselas, y otra dirigida a los fabricantes, programada para septiembre. Además, durante el segundo semestre del año se debe discutir la implementación de la nueva normativa de emisiones Euro 7, coincidiendo con la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea.

LEY DE MOVILIDAD

Las medidas relacionadas con las zonas de bajas emisiones en las ciudades y la posibilidad de modificar el mapa concesional del servicio de autobús para permitir la liberalización de trayectos de más de 100 kilómetros quedan en una situación incierta debido a la paralización de la Ley de Movilidad Sostenible. Esta legislación había avanzado en la mayoría de los trámites parlamentarios y se esperaba que fuera promulgada durante el último trimestre del año. Sin embargo, debido a la situación actual, el futuro de estas medidas queda en un estado de incertidumbre.