Catalunya ante el sexto aniversario del 1-O: ¿Celebración dividida?
Los efectos del referéndum del 1 de octubre de 2017 siguen resonando en Catalunya, con un debate sobre la amnistía y el derecho a la autodeterminación en el centro de la escena política.
EP
El 1 de octubre de 2017, Cataluña fue escenario de un referéndum de independencia que marcaría un hito en su historia. A pesar de la oposición del Gobierno central en Madrid y la declaración de ilegalidad por parte del Tribunal Constitucional, algunos ciudadanos votaron en un día lleno de tensiones. Los enfrentamientos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, encargados de impedir la votación ilegal, y los ciudadanos que buscaban ejercer "su derecho al voto" generaron una jornada tumultuosa.
La declaración de ilegalidad del referéndum por parte del Tribunal Constitucional y la firme oposición del Gobierno central generaron expectativas de que el proceso no se llevaría a cabo. Sin embargo, la jornada del 1-O estuvo marcada por la tensión y los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos que intentaban ejercer su derecho al voto, a pesar de las restricciones impuestas.
A pesar de los incidentes, los resultados provisionales indicaron que más del 90% de los votantes respaldaron la independencia de Cataluña. Sin embargo, la validez de estos resultados fue cuestionada y posteriormente invalidada, lo que desencadenó una profunda crisis política.
Para los constitucionalistas, este día sirvió como recordatorio de la importancia de preservar la legalidad y la Constitución como fundamentos de la democracia española. Observaron con preocupación cómo algunas facciones independentistas desafiaban el orden constitucional y la unidad del país.
CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL 1-O
Después del referéndum, una serie de acontecimientos dejaron una profunda huella en la política catalana y española. Uno de los resultados más notables fue el enjuiciamiento de varios líderes independentistas catalanes, acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
Las consecuencias también generaron inquietud entre los constitucionalistas. Las condenas a los líderes independentistas, dictadas por el Tribunal Supremo y con penas de entre 9 y 13 años, fueron vistas como un paso necesario para mantener el Estado de derecho.
La sentencia desencadenó manifestaciones por parte del bando independentista, algunas de las cuales se tornaron violentas. Sin embargo, la posibilidad de conceder amnistía a estos líderes y la discusión sobre la celebración de un referéndum futuro inquietaron a los constitucionalistas, ya que temían que esto pudiera sentar un precedente peligroso y socavar la legalidad y la unidad del país.
HOY EN DÍA
Este año, el recuerdo de ese día es especialmente doloroso para algunos, ya que el conflicto catalán ha vuelto a tomar protagonismo en la agenda pública y política. Las conversaciones sobre el aniversario de este día simbólico revelan que miles de catalanes que se oponen a la independencia se sienten desamparados, desolados y decepcionados, ya que perciben que sus voces no están siendo tenidas en cuenta en las negociaciones lideradas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas y la posibilidad de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Diversas asociaciones y líderes constitucionalistas, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Societat Civil Catalana (SCC), Impulso Ciudadano y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, han expresado su desilusión ante la probable concesión de amnistía a los presos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O y la posibilidad de un futuro referéndum independentista.
La presidenta de AEB, Ana Losada, describe la sensación predominante entre quienes defienden la Constitución como "desolación". Sienten que, seis años después, se está dando legitimidad a aquellos que buscan socavar la democracia y que sus demandas son ignoradas, a pesar de representar a la mayoría de los catalanes que se oponen a la independencia.
Desde SCC expresan sentimientos similares, sintiéndose desamparados por ambos gobiernos, tanto el catalán como el central. Destacan que los constitucionalistas son fundamentales, pero a menudo se sienten utilizados como moneda de cambio en las negociaciones políticas.
Impulso Ciudadano, una asociación que aboga por la unidad de España, también manifiesta su desilusión ante la posibilidad de concesiones ilegales. Aunque comprenden las dificultades políticas que rodean esta situación, esperan que no se materialicen tales demandas.
Los líderes del PP catalán, incluido Alejandro Fernández, ven con preocupación la posible amnistía, que consideran que deslegitimaría la democracia española y la Constitución, además de dar un incentivo al separatismo para repetir acciones similares en el futuro.
Uno de los desafíos clave que enfrentan los constitucionalistas es su falta de apoyo y representación política efectiva. A pesar de contar con un respaldo mayoritario en la sociedad, a menudo se sienten marginados y sin apoyos sólidos que les permitan construir un relato coherente.
DIVISIÓN INDEPENDENTISTA Y RECHAZO
La división en el seno del independentismo catalán y el rechazo de los constitucionalistas continúan siendo dos fuerzas políticas contrapuestas que han marcado la vida política en Cataluña desde el 1-O.
Por un lado, el movimiento independentista presenta una diversidad de actores y corrientes. Mientras algunos defienden una estrategia más pragmática y buscan negociar con el Gobierno central para lograr un referéndum pactado, otros mantienen una posición más radical, insistiendo en la unilateralidad y la desobediencia civil. Esta diversidad ha llevado a tensiones internas y divisiones en el seno del independentismo, dificultando la definición de una estrategia unificada.
Por otro lado, el rechazo de los constitucionalistas, se mantiene firme en Cataluña. Partidos como el Partido Popular (PP), Ciudadanos y el PSC argumentan que la independencia de Cataluña sería inconstitucional.
En este sexto aniversario, la división de los partidos independentistas y la bajada en votos, situando al PSC como la fuerza más votada en Cataluña, han cambiado el panorama. Solo los posibles votos de ERC y Junts para la elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno han vuelto a poner en el calendario el tema de los condenados y huidos, así como la amnistía para ellos.
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