¿Quiénes son los posibles beneficiados de la amnistía? De Puigdemont y Junqueras a los CDR

La amnistía a los líderes independentistas catalanes y sociedad civil encausada por el referéndum del 1 de Octubre de 2017 se ha convertido en el centro de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. Según apuntan las declaraciones del actual presidente del Gobierno en funciones, que este martes habló de "generosidad" hacia Catalunya al ser preguntado por la posible amnistía, parece que el perdón a los líderes del procés está ya cerrado, y ahora sólo queda preguntarse cómo se va a gestionar. ¿Se indultará únicamente a los líderes políticos del procés que participaron en los actos de 2017? ¿Abarcará un periodo mayor donde se indulte también a los encausados de los disturbios de las sentencias del procés? ¿Se indultará a los CDR? En este artículo trataremos de dar respuesta a todas estas preguntas a partir de los indicios de los que disponemos actualmente. 

AMNISTÍA A LOS LÍDERES POLÍTICOS

En el supuesto de que la amnistía se apruebe y pase el filtro constitucional, entre los potenciales beneficiarios estarían los condenados por el 1-O --como el ex president Carles Puigdemont y su ex 'número dos' Oriol Junqueras-- y los cargos menores implicados en el referéndum.

Aunque los expertos constitucionalistas y las fuentes jurídicas consultadas por este periódico insisten en que todo dependerá de la literalidad de la eventual ley de amnistía, que será la que fije los hechos perdonados, el alcance de sus consecuencias y a quién competerá determinar en cada caso las personas concretas a las que se les puede aplicar, lo cierto es que pueden vislumbrarse ya más de 40 posibles beneficiados.

Con todo, el primer grupo de potenciales beneficiarios es el de los condenados por el 1-O, empezando por Puigdemont --procesado tras la derogación de la sedición por desobediencia y malversación--, que lleva seis años en su residencia belga de Waterloo. Junto a él, verían extinguir sus presuntas responsabilidades penales los ex consejeros Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también en el extranjero y procesados.

La amnistía de los sucesos que desembocaron en el 1 de octubre de 2017 también podría afectar a la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel, que estuvo en el extranjero hasta el año pasado, cuando se presentó voluntariamente en el Supremo. Procesada por desobediencia, el alto tribunal envió su caso a la Audiencia de Barcelona.

El segundo gran grupo de hipotéticos agraciados serían los condenados por el 'procés', ya que el Gobierno les perdonó en 2021 las penas de cárcel que recibieron en 2019 por delitos de sedición y malversación, pero mantuvo vigentes sus penas de inhabilitación.

De los 12 condenados, solo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa siguen inhabilitados, ya que el Supremo extinguió las penas de inhabilitación recaídas sobre Carmen Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Joaquín Forn tras revisar sus condenas debido a la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación. En cuanto a los otros tres sentenciados por el 1-O --Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila--, ya purgaron sus penas.

CARGOS MENORES

A los grandes nombres del 'procés' se suman otros menos conocidos que también podrían resultar favorecidos por una amnistía. Destacan la consejera catalana de Cultura, Natàlia Garriga; el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a la espera de juicio en el TSJ de Catalunya (TSJC) por los preparativos del 1-O.

Según la investigación judicial, Jové --miembro de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre Moncloa y Govern-- desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional contra la organización del referéndum independentista; habría obtenido datos personales de los catalanes de forma irregular para elaborar un censo; participó "activamente" en la búsqueda de locales para votar; y en su ordenador había archivos como 'modelo de papeleta'.

Entre los indicios contra Jové y Salvadó, la instructora detalla que hicieron presentaciones ante otros estados y organismos para obtener financiación, y también que se dotó a la Agencia Tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar y gestionar y ejecutar impuestos para los que "no se tenían competencias" como IRPF, IVA o Sociedades.

La instructora también cree que Salvadó ideó un programa de homogeneización de los mecanismos internos de tramitación de tributos y cotizaciones sociales que ingresaba la Generalitat al Estado, para "controlar y contar con la máxima información posible sobre sujetos tributarios y sobre las cuotas satisfechas de los impuestos estatales no cedidos".

A ellos se añaden los 30 procesados en otro caso por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona por delitos de malversación, desobediencia, prevaricación, revelación de secretos y falsedad documental, también por los preparativos de ese referéndum.

Entre estos 30 encausados destacan nombres como Antoni Molons, el exsecretario de Comunicación del Govern, acusado de malversación y prevaricación; Josep Ginesta, ex secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, imputado por malversación; Vicent Sanchis, exdirector de TV3, imputado por desobediencia; o Saül Gordillo, exdirector de CatalunyaRadio, también imputado por el mismo motivo. 

Asimismo, la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, se fue al extranjero pero en 2021 se entregó al Supremo y finalmente el pasado abril fue condenada por el TSJC a un año de inhabilitación por desobediencia en la organización y la celebración del 1-O, podría ver desaparecer su pena.

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES?

El experto en derecho constitucional y catedrático de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno Linera, explica en declaraciones que una ley de amnistía "podría hacer que desapareciesen los hechos y las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos", lo que implicaría que "quienes no han sido juzgados no lo puedan ser y que los condenados no cumplan sus penas", lo que incluiría las no indultadas.

El catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, coincide en que la extinción de las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás "depende de lo que diga la ley de amnistía, de lo que fije su alcance". Y ello porque "la amnistía tiene el contenido que el legislador quiera darle", con el único límite que imponen los tratados internacionales por la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, como la tortura.

En este escenario, Junqueras --que ahora mismo está inhabilitado hasta 2031-- podría concurrir a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2025 - igual que Carles Puigdemont-, si finalmente la ley de amnistía viera la luz y recibiera el visto bueno del Tribunal Constitucional (TC). Superado este obstáculo (no menor), las fuentes jurídicas preguntadas insisten: "Si se da por constitucional la posibilidad de amnistía, no hay límites".

HASTA 1.432 PERSONAS BENEFICIADAS

Si la amnistía abarcara desde 2017 hasta la actualidad, podrían llegarse a ver beneficiadas hasta 1.432 personas por el perdón del estado, como alcaldes, funcionarios, o los ciudadanos que protagonizaron los disturbios tras la sentencia del procés en 2019 - es decir, los CDR-. La amnistía a estos últimos parece que está dentro de las negociaciones, y más después de que el Gobierno pidiera a Europol que desvinculara el separatismo catalán del terrorismo. 

La organización independentista catalana Òmnium Cultural ha delimitado quiénes pueden ser los beneficiados de la amnistía dividiendo a los encausados en distintos grupos:

• 200 personas investigadas por vínculos en la organización y apoyo al referéndum.

- Alcaldes y alcaldesas: La Fiscalía anunció la investigación de 712 alcaldes por su vinculación a la AMI y su apoyo al Referéndum. La investigación se concretó en 78 y poco a poco se han ido archivando la mayoría. En algunos casos se ha extendido también la imputación a concejales del equipo de Govern, como el caso de Jordi Pesarrodona (San Juan de Vilatorrada) o los tenientes de alcalde de la Ràpita y Dosrius. Actualmente, 6 han llegado a juicio y 6 están a la espera de ser juzgados. 

- Funcionarios y servidores públicos: Diferentes juzgados de lo penal han instruido diligencias contra funcionarios por su vinculación a la organización del Referéndum con diferentes resultados. La cúpula de los Mossos fue juzgada en la Audiencia Nacional y absuelta de las imputaciones de rebelión y posteriormente de sedición, así como se han archivado todas las imputaciones de desobediencia a agentes de los Mossos por el 1 de Octubre. También diferentes bomberos fueron perseguidos penalmente por su participación en el 1 y 2 de Octubre, y todavía quedan causas abiertas contra cinco de ellos. También se suman los 5 miembros de la Sindicatura electoral del 1 de Octubre, órgano que debía velar por las garantías electorales del Referéndum. 

- Sociedad Civil: Varias personas fueron investigadas por participar en actos de apoyo al 1 de Octubre, como el caso del concejal de Badalona, José Téllez, absuelto finalmente por el Tribunal Supremo para colgar carteles del 1 de Octubre, o los diferentes informáticos acusados de replicar webs censuradas del Referéndum que, según las distintas fuentes, se censuraron y bloquearon entre 25 y 140. Estas causas fueron archivadas o acabaron con absoluciones. Diferente es el caso de la persecución que se mantiene contra el informático Joel Muñoz a las puertas de un juicio en el que Fiscalía le pide 18 años de cárcel. También sigue abierta la causa contra Roger Español, víctima de la violencia policial por la que perdió un ojo el 1 de Octubre y a quien Fiscalía le acusa de atentado contra la autoridad.

• Imputados "por ejercer la libertad de expresión", según Òmnium

Varias personas han sido investigadas y procesadas por haber denunciado "la brutalidad policial" del 1 de Octubre, algunas todavía abiertas en investigaciones secretas de la Guardia Civil que se alargan desde 2017; o las acusaciones a distintos profesores de secundaria acusados falsamente de adoctrinamiento; o diferentes casos de la detención de personas por la utilización de lazos amarillos acusadas de delitos de odio. Òmnium también denuncia "la persistente persecución" contra usuarios de Twitter por haber difundido datos públicos de Montserrat del Toro, la secretaria judicial que participó en los registros de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, y que con su relato en el juicio del Tribunal Supremo, "sirvió para justificar las condenas a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez", según la organización independentista catalana. Por un lado la Audiencia Provincial de Barcelona obligó a repetir el juicio contra Rubén, un usuario de Twitter que había sido absuelto, y por segunda vez el Juzgado de lo Penal 7 de Barcelona lo volvió a absolver. Hasta 5 personas han tenido que afrontar procesos judiciales por estos mismos hechos. 

Recientemente otra usuaria de esta red social tuvo que afrontarse a un juicio con una petición de fiscalía de 2 años de cárcel. Otros, como el de Josep Huguet, estuvieron archivados por el juzgado de instrucción 22 de Barcelona en resoluciones similares, pese a la insistencia de Fiscalía en recurrir. En paralelo, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la abogacía del Estado y acusación particular por reabrir una causa archivada por la Audiencia Provincial de Barcelona, contra otros tres usuarios de Twitter por los mismos hechos. 

La diputada Eulàlia Reguant y el ex diputado Antonio Baños han sido investigados por desobediencia por haberse negado a responder a las preguntas de VOX en el juicio del procés. Fueron sancionados con multa y por los mismos hechos se abrieron diligencias penales que acabaron con la condena de multa de 13.500 € a Eulalia Reguant ya cuatro meses de prisión y de inhabilitación en el caso de Antonio Baños, ambos por desobediencia. 

O el caso de Albert Baiges que, vulnerando la doctrina del TEDH, la Audiencia Nacional le condenó por un tuit crítico con el rey de España por el delito de injurias a la Corona, actualmente sentencia recurrida.

• 1.000 personas imputadas entre la sociedad civil

Entre la Huelga General del 08/11/2017 y las protestas organizadas por los CDR, en Catalunya se abrieron 314 procedimientos penales en un total de 12 movilizaciones en la calle (protestas por la investidura fallida de Carles Puigdemont, encadenadas en el TSJC, por la detención de Carles Puigdemont en Alemania, contra la asistencia de JUSAPOL en Barcelona, en el primer aniversario del 1 de Octubre, por la presencia del Consejo de Ministros a Barcelona, por el traslado de los presos políticos a Madrid, por la Huelga General del 21/02/2019, en contra de la sentencia del procés,...), algunas de las cuales siguen abiertas o con recursos por sentencias condenatorias. 

Una vez hecha pública la sentencia que condenaba a los líderes del procés a cerca de 100 años de cárcel, la ciudadanía inició una movilización permanente en la calle que supuso la instrucción de diferentes procedimientos penales contra más de 700 personas entre el 14/10/2019 y la movilización en el Camp Nou del 18/12/2019. Sólo el corte de la AP-7 de La Jonquera y Salt generó más de 250 citaciones en juzgados. Cerca de 40 personas han sido detenidas entre enero de 2020 y la actualidad , en movilizaciones como la conmemoración del 1 de Octubre, el 11 de septiembre o las protestas por la inhabilitación del Presidente Quim Torra, entre otras movilizaciones vinculadas al movimiento independentista.

• 50 imputados por "activismo por la autodeterminación de Catalunya

En este apartado, desde Òmnium destacan la causa que el magistrado Manuel García Castellón lleva a cabo para nutrir las causas contra los CDR o la investigación del Tsunami Democrático, que también podría ser anulada por este indulto.  Por un lado, en abril del 2018 la Guardia Civil dirige una operación antiterrorista contra los CDR que supone la detención de Tamara Carrasco y el exilio de 1000 días del Adrià Carrasco. La Audiencia Nacional imputa inicialmente a los dos jóvenes delitos de terrorismo, rebelión y sedición, hasta que terminan siendo investigados por desórdenes públicos por juzgados de instrucción de Barcelona y Granollers. A Tamara se le impuso un confinamiento municipal sin poder salir de Viladecans que duró 13 meses, hasta que en octubre de 2020 fue absuelta en primera instancia y confirmada posteriormente en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Barcelona en una sentencia que cuestiona actuación policial y de la Fiscalía en todo el procedimiento. Sin embargo, la propia Fiscalía acabó recurriendo al Tribunal Supremo la absolución, y el máximo tribunal ratificó la absolución. Adrià pasó 1000 días en el exilio hasta que el juzgado de instrucción 3 de Granollers decrete el archivo por falta de indicios de haber cometido ningún delito . 

Por otra parte, la propia Audiencia Nacional, de la mano del magistrado Manuel García Castellón llevó a cabo la llamada Operación Judas contra 9 miembros de los CDR en una operación por terrorismo. Actualmente el magistrado ha decretado la conclusión del Sumario, enviando la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por su enjuiciamiento por los delitos de pertenencia a organización terrorista y de tenencia, depósito y fabricación de explosivos.

Además, el 28 de octubre de 2020, la Guardia Civil llevó a cabo lo que se llamó como Operación Voloh, con la detención de 21 personas acusadas de financiar irregularmente el procés y alguna de sus estructuras. Se detuvieron a políticos, empresarios y cargos públicos como David Madí, Josep Lluís Alay o Xavier Vendrell. La operación sigue abierta y de ella se deriva la investigación secreta de la Audiencia Nacional que investiga el Tsunami Democrático.

Y no solo Tsunami Democràtic està bajo el ojo de los jueces del Estado. A la organización Anonymous Catalonia se le abrió una causa en el juzgado de instrucción 26 de Barcelona por haber anunciado y publicitado las convocatorias de las entidades independentistas.

• Encausados por la acción exterior de la Generalitat

La acción exterior de la Generalitat "también ha sido objeto de acoso penal por parte del
Estado", según afirma Òmnium. Más allá de la persecución del Tribunal de Cuentas y del cese de las delegaciones de la Generalitat en el exterior con la aplicación del artículo 155, se han abierto diligencias penales contra el director de la Oficina del President Puigdemont, Josep Lluís Alay, una causa que sigue abierta; se ha investigado al conseller de Interior, Miquel Buch, y a varios Mossos por la supuesta cobertura en el exilio del propio presidente Puigdemont. Una de estas causas sigue abierta en el TSJC; otra contra Alay ha terminado archivada y se han absuelto de otros contra agentes del Mossos. .

El Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona abrió diligencias previas contra 10 personas, fruto de la denuncia de Fiscalía, una vez que el Tribunal de Cuentas emitió informe sobre la acción exterior de la Generalitat. Todas ellas están imputadas por el propio Tribunal de Cuentas y alguna de ella también, por el Juzgado de Instrucción 13. Todas estas causas siguen abiertas y podrían cerrarse con la eventual amnistía.