El escándalo de las residencias durante el Covid llega a Europa: arranca una investigación clave que afecta a Catalunya

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha decidido admitir a trámite una reclamación colectiva que revisa la gestión de la atención a personas mayores y en situación de dependencia durante la pandemia.

La admisión no supone una resolución sobre el fondo del asunto, pero sí abre la puerta a un análisis formal de las denuncias presentadas por un amplio conjunto de entidades sociales, profesionales sanitarios, juristas y familiares de víctimas.

El foco: la atención en residencias y hospitales
La reclamación sostiene que, en los momentos más críticos de la crisis sanitaria, se habrían aplicado protocolos que habrían condicionado el acceso a recursos hospitalarios y a cuidados intensivos en función de la edad o el grado de dependencia.

Según el documento, esta situación habría afectado especialmente a personas residentes en centros de mayores, donde se habrían producido limitaciones en la derivación hospitalaria y en la atención especializada.

Falta de recursos y situaciones de vulnerabilidad
El texto también denuncia posibles carencias en los sistemas de atención primaria y hospitalaria, especialmente en los primeros meses de la pandemia, con escasez de equipos de protección y dificultades de coordinación asistencial.

A esto se suman críticas sobre las condiciones en las residencias, donde se apunta a problemas estructurales como la falta de personal suficiente, la sobrecarga de trabajo y la limitada coordinación con los servicios sanitarios.

Aislamiento y atención a la dependencia
Otro de los puntos destacados es el impacto de las medidas de aislamiento en residencias y centros para personas con discapacidad. Según la denuncia, estas restricciones habrían tenido consecuencias negativas en el bienestar físico y emocional de los residentes, al limitar visitas familiares y servicios de apoyo.

Además, se señala que en algunos casos los servicios de atención a la dependencia habrían sido interrumpidos o retrasados, afectando a personas especialmente vulnerables.

Diferencias territoriales en la mortalidad
La reclamación incorpora también un análisis de las diferencias en las tasas de mortalidad entre comunidades autónomas durante la pandemia, que las entidades promotoras consideran relevantes para evaluar la gestión sanitaria.

El documento cita especialmente el impacto en regiones como la Comunidad de Madrid, así como en otros territorios donde, según los denunciantes, se habrían aplicado restricciones más severas en los traslados hospitalarios.

Un procedimiento abierto en Europa
Con la admisión a trámite, el Comité Europeo de Derechos Sociales inicia ahora el estudio del caso, lo que puede implicar un proceso prolongado de análisis, intercambio de alegaciones y recopilación de información.

No hay aún conclusiones, pero la apertura del procedimiento permite que el caso entre en la agenda institucional europea de derechos sociales.

Posibles nuevas adhesiones y presión social
Tras este paso, se abre un periodo para que nuevas personas afectadas, familias, profesionales y organizaciones puedan sumarse a la reclamación.

Las entidades impulsoras también han anunciado campañas de recogida de apoyos y la intención de impulsar cambios legislativos en el sistema de dependencia para evitar situaciones similares en el futuro.