La trabajadora que denunció el caso de "violencia intrafamiliar" en Llavaneres ha sido despedida
Tras ser reubicada primero a Calella, la empresa le comunicó el pasado viernes 4 de noviembre su despido. El sindicato de trabajadoras de atención domiciliaria dice que da una semana a la gestora para readmitirla o que "tomarán represalias"
El pasado mes de septiembre Catalunya Press informaba de un caso de "violencia intrafamiliar" en Sant Andreu de Llavaneres, denunciado por una trabajadora de atención domiciliaria suplente que trabajaba en esta localidad del Maresme. El caso ha seguido avanzando, hasta el punto que el pasado viernes 4 de noviembre recibió una carta de despido por parte de la empresa.
De hecho, tras destaparse los hechos, la mujer, de 62 años, fue reubicada a Calella (otra localidad de la misma comarca, situada a unos 18 kilómetros de Llavaneres) también con contratos de sustitución, pero tras unos meses en ese régimen, y mientras estaba de vacaciones, se le comunicó el despido.
"Se arriesgó para proteger al matrimonio", explican a esta publicación desde el Sindicato de Atención Domiciliaria (SAD). "Ha sido una de las pocas que se atreven a denunciar situaciones graves y todas son conscientes que tras las denuncias hay consecuencias, de diversos tipos", añaden desde el SAD.
De hecho, el sindicato denuncia que cuando se le notificó que debía cambiar de municipio en el cual llevaba a cabo su trabajo (argumentando que el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres no querría que siguiera desarrollando su profesión en el pueblo), también se le ofreció como alternativo el despido. "Es un caso claro de represalia pura hacia la trabajadora", lamentan.
En este sentido, el SAD explica a Catalunya Press que está en conversaciones con recursos humanos y distintos servicios jurídicos para ver qué pasos siguen. En este sentido, el sindicato apunta que dan un plazo de una semana a la empresa para "reconsiderar el despido". En caso contrario, aseguran que "tomarán represalias" y que harán público el caso.
"Alegaremos todos los derechos que tiene como trabajadora", dicen a esta publicación, a la vez que denuncian que las empresas que gestionan este servicio a las personas más vulnerables "no quieren que haya estabilidad" en las plantillas.
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