David Madí declara ante la Audiencia Nacional por el Caso 3%
Su comparecencia debía haberse hecho el pasado mes de junio, pero se aplazó por la huelga de funcionarios de justicia
El empresario y exdirigente de Convergència, David Madí, comparece este miércoles 4 de octubre en la Audiencia Nacional en el marco de la investigación que se sigue por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a la empresa Ambulancias Egara por parte de la Generalitat, una derivada del conocido como Caso 3%.
Madí debía haber declarado el pasado mes de junio, pero su comparecencia se aplazó por la huelga de funcionarios de justicia.
El magistrado ya interrogó el pasado mes de abril al propietario de Ambulancias Egara, Oscar Simón, que reconoció que mantuvo contactos con Madí al tiempo que negó cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación de contratos públicos, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. El mismo día, el juez también escuchó como investigado al empresario Juan Alberto Arqués.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
La decisión de Pedraz de imputar a todos ellos atendía a la petición de la FiscalíaAnticorrupción, que interesó esas imputaciones apoyándose en el atestado policial que obra en la causa y en las entradas y registros acordados con anterioridad en la sede de la empresa sanitaria.
Según pudo confirmar Europa Press, el magistrado acordó la entrada y registro el pasado 2 de marzo en la sede deAmbulancias Egara en Terrassa, en las dependencias de una unión temporal de empresas (UTE) en Lleida, y en una consultora de Barcelona, para localizar documentación sobre esas presuntas adjudicaciones irregulares del servicio de transporte de pacientes cuando estaba al frente del Govern CDC.
Las pesquisas se centran en hallar indicios relativos a la adjudicación de tres lotes del concurso sanitario de Catalunya en 2015 a una UTE de la que participabaAmbulancias Egara.
Se da la circunstancia de que Madí ya fue condenado en octubre de 2022 en el marco del 'caso Triacom' por el Juzgado Penal 23 de Barcelona a 14 meses de prisión y una multa de 219.750 euros tras el juicio contra él y otros siete acusados por una trama de facturas falsas en 2011 en la que participó como cooperador necesario para defraudar a Hacienda.
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