Jordi López, desde la Eurocámara: "Queremos que nuestros hijos también puedan estudiar en español en Catalunya"

En una semana marcada por la aprobación del Pacte per la Llengua, la lucha de algunas familias por la educación en castellano en las escuelas de Catalunya (el 25%) sigue abierta en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo.

Concretamente, ha sido Jordi López, un padre de El Prat de Llobregat, que compareció el miércoles 14 de mayo en la Eurocámara para defender esta postura ante los diputados. "La Generalitat se ha opuesto a que se estudie en castellano en Catalunya", aseguró en una de las sesiones.

"Muchas familias y ciudadanos nos sentimos desamparados por el Gobierno de España", añadió, apuntando que "Catalunya presiona al Gobierno para que no pase lo que ocurre en otros países europeos: estudiar en las lenguas oficiales".

López apunta que las familias y entidades no se oponen "a que nuestros hijos puedan estudiar en catalán. Lo que queremos es que también lo puedan hacer en español en Catalunya".

El pratense quiso recordar que hace un año se aprobó un informe que reconoce "la discriminación de los alumnos castellanoparlantes". A continuación aseguró que "teníamos la esperanza de que las cosas cambiaran, pero nada ha cambiado", diciendo que la mayoría de los centros "incumplen o intentan incumplir la sentencia del 25% de castellano", lo que obliga a las familias a "hacer de policías mientras el Gobierno de España mira hacia otro lado".

López dijo que lleva "10 años peleando para que se respeten los derechos lingüísticos de los alumnos", y dijo que se presentaba en la comisión para "pedir ayuda y que exijan a la Generalitat el cumplimiento efectivo de la sentencia del 25%". "Es fundamental que las instituciones cumplan con las sentencias judiciales y aseguren un entorno educativo que respete la diversidad lingüística", concluyó.

Cabe mencionar que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sigue recabando pruebas tras las declaraciones de este padre que confirmen el incumplimiento judicial de la Generalitat de las sentencias firmes que obligan al sistema educativo a implementar el 25% de castellano en las aulas de Catalunya.