castellano

El tribunal reprocha a la Generalitat que alegue que la sentencia vulnera derechos de alumnos y profesores pero, "sin embargo, no contribuye a argumentar por qué considera que con el fallo se están violentando los derechos de los alumnos y profesores cuando lo que se trata de asegurar es un mínimo de impartición de horas lectivas de castellano y catalán en las escuelas".

El centro escolar comunica que "Recordad que entre nosotros nos tenemos que comunicar siempre en catalán".

El Parlament ha aprobado la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y comuns y el rechazo de Vox, Cs, PP --que habían presentado enmiendas a la totalidad-- y CUP, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avalara que no vulnera la Constitución ni el Estatut.

Lorena Roldán, portavoz del PP en el Parlament, ha criticado al Govern de la Generalitat por aprobar este lunes el decreto ley sobre el catalán en las escuelas: "Es increíble ver cómo se promueven decretos y leyes ad hoc para saltarse una sentencia y continuar vulnerando derechos".

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Y nadie (ni padres, ni alumnos, ni el Gobierno Central, ni la justicia, ni las numerosas asociaciones y plataformas, ni ciertos partidos políticos), hasta el momento, ha sido capaz de poner fin a este desaguisado, que se ha llevado a cabo con la colaboración necesaria, cómplice, sumisa e irreflexiva del profesorado, que parece que no sabe o que realmente no sabe ni cómo se aprende una lengua, ni en qué consiste leer ni qué es eso de escribir o redactar, ni ha reflexionado sobre las causas del fracaso y del abandono escolares en Cataluña.Ante este estado de cosas, me han venido a la mente dos citas de Manuel Azaña, que vienen como anillo al dedo y que se pueden aplicar a todos aquellos que se han permitido pontificar (en favor o en contra) sobre la inmersión en catalán sin tener nada que decir, ni criterio ni competencia para hacerlo.

Según dicha proposición, los funcionarios encargados de las tareas de alta inspección gozarán de la consideración de autoridad pública y podrán actuar de oficio o por denuncia de particulares por presuntas infracciones.

La petición de que impartieran el 25% de clases en castellano de  la familia de Canet de Mar ha sido la más mediática pero lo cierto es que antes que ellos, otras familias en Catalunya habían pedido lo mismo.

Llevamos ya unos cuantos días hablando sobre el tema del cumplimiento de la sentencia del TSJC que obliga a las escuelas a dar un 25% de clases en castellano.

La familia de Canet que pidió que en la escuela de su hijo se impartiesen clases en castellano ha escrito una carta abierta dando sus motivos, agradeciendo el apoyo recibido y tratando de que quienes no lo entienden, empiecen a hacerlo.

Un consultor gastrónomico se apunta a un acción de odio por razón idiomática por haber pedido su familia la impartición del castellano en su clase. 

En la misiva, Gonzàlez-Cambray agradece la "dedicación" de los docentes e insiste en que el modelo de escuela catalana es el de la ley catalana.

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha estimado que un 5% de estudiantes ha pedido hacer las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en castellano.

La sentencia de la Sección Quinta de la Sala del Contencioso administrativo del TSJC declara "la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".