Golpe a la oferta turística ilegal: Consumo ordena a Airbnb bloquear decenas de miles de anuncios irregulares

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso firme en la lucha contra la oferta ilegal de pisos turísticos. A través de la Dirección General de Consumo, el departamento que lidera Pablo Bustinduy ha exigido a Airbnb el bloqueo inmediato de 65.935 anuncios que, según las autoridades, vulneran de forma directa las normativas vigentes en materia de publicidad y regulación de alojamientos turísticos en distintas comunidades autónomas, incluida Catalunya.

La resolución no solo ha sido emitida por el Ministerio, sino que ha contado además con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que acaba de pronunciarse a favor de la legalidad de esta medida. En su primer dictamen, el alto tribunal obliga a la plataforma a retirar de inmediato al menos 5.800 anuncios correspondientes a inmuebles situados en regiones como Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, País Vasco y Catalunya.

Más de 3.200 anuncios sin licencia en Barcelona

Según datos del portal independiente Inside Airbnb, solo en Barcelona hay más de 11.000 viviendas turísticas completas anunciadas en la plataforma, de las cuales más de 3.200 carecen de la licencia obligatoria. Una situación que, además de incumplir la normativa, alimenta la tensión social y urbana en barrios ya saturados por la masificación turística.

¿Por qué son ilegales estos anuncios?

La Dirección General de Consumo ha identificado tres infracciones clave en los anuncios señalados:

• Ausencia del número de licencia turística, obligatorio según la normativa autonómica en muchas comunidades, especialmente en Catalunya.
• Falta de claridad sobre la naturaleza jurídica del arrendador, es decir, si quien alquila el inmueble es un particular o un profesional, algo esencial para determinar los derechos del consumidor.
• Uso de licencias falsas o incorrectas, lo que puede inducir a error al usuario que cree estar contratando un alojamiento regularizado.

Estos incumplimientos no solo vulneran las leyes autonómicas, sino que suponen una infracción de la legislación básica de protección al consumidor.

Airbnb intentó frenar la orden… sin éxito

La compañía, cuya sede europea está en Irlanda, había recurrido las resoluciones del Ministerio ante los tribunales. Sin embargo, el TSJM ha rechazado este recurso, avalando la actuación de Consumo y marcando un precedente jurídico importante. El dictamen judicial refuerza la posición del Gobierno español para seguir exigiendo responsabilidades a las plataformas digitales por la publicación masiva de pisos ilegales.

Una estrategia integral para frenar la ilegalidad

El ministro Bustinduy ha declarado que esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para “poner fin al descontrol y a la oferta ilegal de alojamientos turísticos”, defendiendo al mismo tiempo el acceso a la vivienda y los derechos de los consumidores.

Además, desde Consumo se ha confirmado que se están llevando a cabo otras actuaciones complementarias:

• En diciembre de 2024 se abrió un expediente sancionador a una plataforma por incumplimiento en la inclusión de licencias.
• En febrero de 2025, se iniciaron nuevos procedimientos contra grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la condición del arrendador.
• En marzo, también se sancionó a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas hacia los inquilinos.

El Ministerio ha reiterado que seguirá recopilando información a través de su Unidad de Análisis y prestando apoyo técnico a comunidades autónomas y ayuntamientos para detectar, sancionar y eliminar la publicidad fraudulenta en el mercado de alquiler turístico.

Catalunya, foco de presión reguladora

Catalunya, y particularmente Barcelona, es una de las regiones más afectadas por este fenómeno. En los últimos años, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento han endurecido las políticas de inspección y sanción contra los pisos turísticos ilegales, intentando contener el impacto del alquiler vacacional sobre el acceso a la vivienda habitual y la convivencia vecinal.

Ahora, con el respaldo del TSJM y la presión del Ministerio, las plataformas digitales como Airbnb deberán adaptarse de forma urgente al marco legal vigente, o enfrentarse a sanciones cada vez más severas. Una advertencia clara para un sector bajo creciente escrutinio social e institucional.