Golpe al catalán en las aulas: el TSJC anula los decretos para proteger la lengua en la enseñanza

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado varios artículos fundamentales del decreto lingüístico educativo aprobado por la Generalitat en 2024, dando parcialmente la razón a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). La sentencia, que aún puede ser recurrida, cuestiona la primacía del catalán y el aranés como lenguas principales en la enseñanza, la gestión administrativa y la relación con las familias, así como en los materiales y evaluaciones escolares.

Entre los artículos anulados figuran los que establecían el catalán como lengua prioritaria para la enseñanza de idiomas extranjeros y como única lengua de acogida para alumnos recién llegados, sin garantizar un aprendizaje equilibrado del castellano. También se ha suprimido la obligación de que todo el personal docente y no docente hablara catalán y se ajustara estrictamente al proyecto lingüístico del centro.

La decisión judicial afecta directamente a los modelos educativos que aplican un 25% de enseñanza en castellano, al eliminar disposiciones que limitaban su presencia. Asimismo, se han anulado artículos que equiparaban la lengua de signos catalana con el catalán y el aranés para alumnos sordos, y aquellos que pretendían garantizar una competencia lingüística mínima en castellano sin establecer mecanismos concretos.

El TSJC recuerda que el decreto fue impulsado como respuesta a sentencias anteriores que obligaban a garantizar al menos un 25% de enseñanza en castellano. Los magistrados subrayan que declarar una lengua como “normal” no puede implicar su primacía sobre otra, y que es necesario un equilibrio real entre las lenguas oficiales para asegurar que todos los alumnos finalicen la educación obligatoria con plena competencia en catalán y castellano.

Por otro lado, el tribunal ha desestimado la impugnación de artículos relacionados con la organización interna de los centros, como el uso del catalán en rotulación o en procesos administrativos, al considerar que no afectan directamente al derecho fundamental a la educación.

El decreto, aprobado por el Govern de Pere Aragonès en junio de 2022, buscaba blindar el catalán como lengua vehicular en las escuelas y evitar la aplicación de porcentajes lingüísticos. La norma obligaba a los centros a adaptar sus proyectos lingüísticos para garantizar el dominio de ambas lenguas oficiales, aunque priorizando el uso del catalán. Con esta sentencia, el modelo educativo catalán deberá revisar sus fundamentos para cumplir con los principios de equilibrio lingüístico establecidos por el TSJC.