La Comisión Europea ha dado un paso firme que supone un espaldarazo a las aerolíneas de bajo coste. Este miércoles, Bruselas ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción contra España debido a la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a compañías como Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea.
La sanción fue aplicada por el Ejecutivo español debido a la práctica de estas aerolíneas de cobrar suplementos por el equipaje de mano o exigir un pago extra por la reserva de asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
Bruselas defiende la libertad de fijación de precios
El conflicto reside en que, para Bruselas, la Ley de Navegación Aérea española contraviene la legislación comunitaria al restringir la libertad de las compañías para fijar sus precios.
La apertura del expediente sancionador se formaliza a través de una "carta motivada", que establece un período de dos meses para que las autoridades españolas respondan a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios y puedan resolver las diferencias mediante el diálogo.
El proceso en la Unión Europea
De no resolverse el conflicto en esta primera fase, la Comisión Europea podría avanzar a una segunda etapa, que implicaría el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo de diálogo.
Como último recurso, si la disputa persistiera, el expediente podría elevarse a la tercera y última etapa, llevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este procedimiento pone en riesgo la millonaria sanción impuesta por España y reabre el debate sobre las condiciones de los pasajeros en las aerolíneas de bajo coste.
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