Tenso juicio a García-Ortiz: Rifi-rafe entre Fiscalía, el abogado de la pareja de Ayuso y el juez

En el juicio a Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos, las tensiones se han intensificado entre las partes implicadas, especialmente en las declaraciones de la Fiscalía, el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el propio juez del Tribunal Supremo.

El primer enfrentamiento relevante ocurrió cuando el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, intervino para solicitar que se desestimaran las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El letrado, defendiendo los intereses de su cliente, se mostró tajante al pedir que no se tuviera en cuenta ninguna de las solicitudes de la parte acusadora, en especial la de anular los informes derivados del registro del despacho de García Ortiz. "Deben denegarse de plano", insistió el abogado, quien recordó que estos informes ya habían sido validados previamente por la Sala de Apelación. La postura del abogado generó un claro choque con la Fiscalía, que había solicitado la exclusión de este material, lo que dio pie a un intercambio de reproches.

En respuesta, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, no solo defendió la validez de sus peticiones, sino que planteó una cuestión sobre la imparcialidad del tribunal. Durante su intervención, Sánchez Conde argumentó que el tribunal no podía juzgar a García Ortiz, al recordar que varios magistrados del tribunal fueron parte de la sala que, en su momento, cambió la imputación de García Ortiz tras la polémica filtración del caso a la prensa. Esta afirmación llevó a una reacción visible de desaprobación por parte de la magistrada Susana Polo, quien levantó una ceja, evidenciando su desacuerdo con la postura de la Fiscalía.

El enfrentamiento también involucró al juez Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal, quien escuchó atentamente las intervenciones, pero no intervino directamente en la disputa, dejando que la tensa discusión entre las partes se desarrollara ante él. En este contexto, la abogada del Estado, Consuelo Castro, también subrayó que la investigación estaba sesgada desde el principio, acusando al juez de haber iniciado el proceso con la premisa de que García Ortiz era culpable. Según Castro, las diligencias fueron dirigidas de manera prospectiva para encontrar pruebas incriminatorias contra el fiscal general.

Este intercambio de declaraciones no solo marca el tono del juicio, sino que también ha puesto de manifiesto la compleja dinámica entre la Fiscalía, la defensa de la pareja de Ayuso y el tribunal, con acusaciones mutuas de parcialidad y falta de objetividad.