La Fiscalía se opone al archivo del 'caso Montoro' y defiende la gravedad de la corrupción en el Ministerio de Hacienda

La Fiscalía Anticorrupción se ha manifestado en contra de los recursos presentados por las defensas de varios investigados en el denominado 'caso Montoro', en el que se investiga un supuesto esquema de favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente de la cartera. 

La fiscal Carmen García Cerdá ha afirmado que las actuaciones no tienen "ideología política alguna" y que se trata de "actuaciones graves de corrupción" que no pueden ser archivadadas.

En un escrito dirigido al juez instructor del caso, Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, la fiscal se opone a la nulidad de la causa y a la solicitud de que la instrucción del caso se traslade a los juzgados de Madrid. La fiscal ha enfatizado que la prueba recabada hasta ahora muestra indicios claros de un entramado de corrupción vinculado a Equipo Económico, el despacho que se encuentra en el epicentro de la presunta trama.

Actuaciones "no políticas" sino "graves de corrupción"

La fiscal ha señalado que los correos electrónicos intervenidos en las investigaciones no revelan hechos de naturaleza política, sino indicios de corrupción. En su escrito, García Cerdá ha indicado que los informes de los Mossos d'Esquadra y de la Agencia Tributaria demuestran la existencia de una organización que pagaba a Equipo Económico para intervenir de manera directa en actuaciones administrativas a favor de las empresas gasísticas. 

“Es necesario dejar claro que los correos intervenidos evidencian que Equipo Económico no realizó una labor de asesoramiento jurídico, sino que intercedió ante los funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de una compensación económica, algo que queda claro con los pagos efectuados desde dicho despacho a funcionarios implicados”, ha señalado la fiscal.

La actuación del juez y la competencia territorial

García Cerdá también ha respaldado la actuación del juez Rubén Rus, defendiendo que su comportamiento ha sido "escrupuloso y exquisito" y ha reprochado a las defensas la "constante petición de nulidad" sin justificación. Asimismo, ha defendido que la competencia territorial del caso corresponde a Tarragona, ya que los hechos se habrían producido en esta localidad y en otros municipios catalanes.

La fiscal también ha subrayado que los Mossos d'Esquadra actuaron como policía judicial en la causa, trabajando en colaboración con la Guardia Civil en la obtención de documentación relevante para la investigación.

El esfuerzo probatorio y la defensa de los derechos procesales

En relación con el tiempo que el caso estuvo bajo secreto de sumario, la fiscal ha defendido que las dificultades para obtener información, especialmente la documentación bancaria, justifican el largo proceso de investigación. Según García Cerdá, el esfuerzo probatorio realizado ha permitido que el juez haya podido concretar los hechos investigados y señalar a los implicados.

A pesar de las peticiones de nulidad de las defensas, que buscan frenar la investigación, la fiscal ha afirmado que el juez ha actuado respetando los principios procesales y constitucionales, garantizando los derechos de los investigados y evitando cualquier tipo de injerencia o daño colateral.

El caso sigue su curso, mientras las defensas intentan frenar el proceso mediante recursos que, por el momento, no han logrado paralizar la investigación.