La Generalitat ha solicitado a la Fiscalía que inicie una investigación contra Uber por presuntamente emplear a sus repartidores como falsos autónomos y evadir pagos a la Seguridad Social, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo, según información adelantada por El Periódico este lunes.
El Ministerio de Trabajo también está valorando la posibilidad de impulsar una acción penal contra la plataforma estadounidense por estas prácticas laborales que, según las autoridades, podrían afectar tanto a los derechos de los trabajadores como a la economía pública.
La Generalitat ha señalado que es urgente que esta denuncia se presente cuanto antes, subrayando que la plataforma debería ajustar su modelo de funcionamiento a las normativas laborales vigentes en España. En este sentido, Uber estaría obligada a operar bajo un esquema similar al de Glovo, empresa que actualmente combina repartidores subcontratados y otros dados de alta como autónomos, cumpliendo con las regulaciones laborales en vigor.
Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno catalán para regular el sector de las plataformas digitales de reparto, que ha estado bajo el foco por su modelo de contratación que, según varias investigaciones, podría estar vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, al tratarles como autónomos sin proporcionarles beneficios sociales o de seguridad laboral.
La investigación se centrará en determinar si Uber ha estado eludiendo sus obligaciones fiscales y de seguridad social, lo que podría tener serias implicaciones legales para la compañía si se confirma el fraude.
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