Una acusación de Acció Cassandra destapa 167 M€ en irregularidades y “plazas fantasma” en la DGAIA
Una querella presentada por Acció Cassandra ante la justicia catalana denuncia malversación de fondos públicos, contratos irregulares y presunto hostigamiento a alertadores en la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), evidenciando una red de corrupción sistemática con implicación de políticos, directivos y fundaciones.
El caso, que acumula pruebas documentales, informes oficiales y grabaciones internas, pone sobre la mesa irregularidades detectadas durante casi una década y plantea la responsabilidad penal de altos cargos de la Generalitat de Catalunya y de entidades privadas colaboradoras. La querella busca frenar la impunidad y garantizar la transparencia en la gestión de recursos destinados a la infancia y adolescencia.
Una querella con acusados de alto nivel
Acció Cassandra actúa como acusación popular y ha presentado la denuncia contra los exconsellers Chakir El Homrani, Violant Cervera, Carles Campuzano y Dolors Bassa, así como contra directivos como Ester Cabanes, Ricard Calvo y Georgina Oliva, además de responsables de entidades como Plataforma Educativa y Fundació Resilis. Según el comunicado de la asociación, la querella incluye delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude, encubrimiento, acoso laboral y posible financiación ilegal de partidos.
“Aquestes irregularitats han generat manca de seguiment i duplicació de prestacions, amb risc de finançament il·legal d’ERC via desviaments a entitats afins”, señala la nota de prensa de Acció Cassandra.
Pruebas y evidencias
La querella se fundamenta en informes de la Sindicatura de Comptes, la Oficina Antifrau de Catalunya, investigaciones periodísticas de Octuvre.cat y grabaciones internas. Estas pruebas revelan contratos prorrogados sin justificación, pagos indebidos por 167,56 millones de euros y la existencia de “places fantasma” en programas de atención a jóvenes extutelados.
Se documentan también casos de alquileres inflados y transferencias de fondos públicos a patrimonios privados de entidades vinculadas a políticos, con indicios de financiamiento irregular. Acció Cassandra exige que se admitan a trámite periciales contables y se embarguen cuentas para evitar más dilapidación.
“Si no estàs còmode, ves-te’n o vota un altre partit; tenim dues opcions: treballar-ho o canviar de feina”, se cita en las grabaciones dirigidas a un alertador identificado como “Roger”.
El papel de los alertadores
El denunciante protegido “Roger”, técnico educativo de SEVAP Girona, ha sido clave para destapar el presunto fraude sistemático y el hostigamiento laboral que sufrían quienes detectaban irregularidades. La querella solicita su declaración como testigo protegido y la adopción de medidas para garantizar su seguridad y colaboración.
“Els fets que fonamenten la querella es basen en un conjunt de proves documentals, pericials i testimonials irrefutables”, explica Acció Cassandra sobre la solidez de la evidencia presentada ante el Juzgado de Guardia de Barcelona.
Alcance económico y administrativo
Entre 2016 y 2024, se habrían distribuido 167 M€ en pagos indebidos, con 4,7 millones confirmados en casos concretos. La concentración de recursos fue notable: 10 entidades recibieron más del 55% de los fondos, mientras que 12 personas controlaban 47 cargos clave. El entramado involucra fundaciones y asociaciones agrupadas bajo plataformas como FEDAIA y SEVAP, generando duplicidad de prestaciones y desviaciones de fondos hacia intereses privados.
“Aquest entramat ha generat manca de seguiment, duplicació de prestacions i risc de finançament il·legal”, indica la nota.
Siguientes pasos judiciales
Como acusación popular, Acció Cassandra seguirá todas las fases del proceso: admisión a trámite, investigación con diligencias solicitadas a DGAIA y la Oficina Antifrau, declaraciones y periciales contables durante 6-12 meses, hasta la apertura del juicio oral y posible ejecución de sentencia. La asociación se compromete a actuar de forma continua para garantizar exhaustividad y evitar dilaciones.
Sobre Acció Cassandra
Constituida formalmente el 11 de septiembre de 2025, Acció Cassandra es una asociación jurídica que defiende los intereses colectivos de la minoría nacional catalana y los derechos fundamentales, financiada exclusivamente por donaciones ciudadanas. La entidad se define como un mecanismo para romper la impunidad de negligencias institucionales y garantizar la responsabilidad penal de políticos y directivos implicados.
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