Desmantelada una mafia de extranjería que cobraba hasta 2.000 euros por contratos ficticios

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a dos responsables de una asociación con sede en Les Franqueses del Vallès acusados de liderar una presunta trama de fraude en la regularización de ciudadanos extranjeros. Según la investigación, ofrecían contratos de trabajo falsos a personas en situación irregular a cambio de cantidades que podían alcanzar los 2.000 euros, con el objetivo de facilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo.

Una investigación iniciada en Galicia

El caso se remonta a finales de 2025, cuando en A Coruña se detectó un volumen inusual de solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo vinculadas a una misma empresa radicada en la provincia de Barcelona.

A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a analizar el origen de estas peticiones, que se estaban presentando en distintas oficinas de extranjería de todo el país. Todas ellas tenían un elemento en común: ofertas laborales emitidas por la misma entidad.

Contratos sin actividad real

Las pesquisas policiales revelaron que la asociación implicada había tramitado, desde 2022, un total de 185 solicitudes acompañadas de contratos o promesas de empleo. Estos documentos se habían presentado en hasta 18 provincias diferentes, lo que evidenciaba el alcance de la operativa.

Sin embargo, tras un análisis detallado, se comprobó que la entidad carecía de capacidad económica real para asumir dichas contrataciones. Este hecho fue clave para demostrar que los contratos eran completamente ficticios y que no existía intención de formalizar ninguna relación laboral.

El objetivo real, según las autoridades, era facilitar la regularización de personas en situación irregular, utilizando estos documentos como vía para acceder a permisos de residencia por circunstancias excepcionales o por cuenta ajena.

Cobros ilegales y estructura mínima

La investigación también ha permitido acreditar que los implicados cobraban importantes sumas de dinero a los solicitantes por la emisión de estos contratos fraudulentos. En algunos casos, las cantidades exigidas alcanzaban los 2.000 euros, lo que convertía la actividad en un negocio lucrativo a costa de personas en situación vulnerable.

Además, la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social resultó determinante para confirmar el fraude. Durante 2025, la asociación apenas contaba con dos trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, una cifra incompatible con el elevado número de contrataciones que declaraba.