Dos jesuitas catalanes, condenados a prisión por encubrir abusos sexuales en Bolívia

La Justicia boliviana ha dictado este martes una sentencia considerada histórica: los sacerdotes jesuitas españoles Ramón Alaix de 83 años y Marcos Recolons de 81 años han sido condenados a un año de prisión por encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el también jesuita Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009. Pedrajas, conocido como “Padre Pica”, dejó constancia en su diario personal de al menos 85 agresiones sexuales a menores entre las décadas de 1970 y 1980.

El fallo fue emitido por el Juzgado Cuarto de Sentencia Anticorrupción de Cochabamba, tras escuchar los alegatos finales de las partes y los testimonios de las víctimas. Aunque la pena podría ser conmutada debido a la avanzada edad de los condenados y la legislación boliviana que permite el perdón judicial en condenas menores a tres años, el veredicto marca un precedente en la lucha contra la impunidad en casos de pederastia clerical.

Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, celebró la resolución como “el inicio de una justicia tan esperada”. En sus palabras, recordó cómo las víctimas fueron manipuladas desde niños para creer que la justicia dependía exclusivamente del Provincial de los Jesuitas. “Nos hicieron creer que ellos eran la ley”, denunció.

Durante el proceso, las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron la actitud institucional de la Compañía de Jesús, que, según Flores, intentó obstruir el avance judicial a través de sus abogados, pese a manifestar públicamente su disposición a colaborar.

La sentencia contra Alaix y Recolons podría abrir la puerta a nuevos procesos judiciales contra otros presuntos encubridores de abusos cometidos por al menos una docena de jesuitas ya fallecidos. Según la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, el número total de víctimas podría superar las 500, lo que convertiría este caso en uno de los más graves escándalos de abusos sexuales vinculados a instituciones religiosas en América Latina.

Este juicio no solo representa un paso hacia la reparación de las víctimas, sino también una llamada de atención sobre la necesidad de transparencia y responsabilidad institucional en casos de violencia sexual. La sociedad boliviana, y especialmente las comunidades indígenas afectadas, esperan que esta condena sea el inicio de una verdad histórica que durante décadas fue silenciada.