La Guardia Civil detiene a un joven que conducía sin carné y con una orden de expulsión del país
Arrestado en la AG-56 un joven peruano por conducir sin carné y con orden de expulsión de España
La Guardia Civil ha detenido a un joven de nacionalidad peruana que circulaba sin permiso de conducir y con una orden vigente de expulsión del territorio español. Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 22 de mayo, en un control rutinario de alcohol y drogas en la autovía AG-56, que conecta Santiago de Compostela con Brión, en Galicia.
Según ha informado la Benemérita a través de un comunicado oficial, una patrulla que realizaba tareas de prevención dio el alto a una motocicleta conducida por el joven, que fue requerido para presentar la documentación correspondiente. Al verificar sus datos, los agentes comprobaron que carecía de carné de conducir válido en España, por lo que se le abrieron diligencias como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.
Pero la situación no terminó ahí. Durante la comprobación de su identidad, los agentes descubrieron que sobre él pesaba una orden de expulsión en vigor, lo que agravó su situación legal.
Trasladado a la Policía Nacional para ejecutar la expulsión
Tras la identificación y la confirmación de la orden administrativa, la Guardia Civil procedió a la detención inmediata del individuo, quien fue posteriormente trasladado y puesto a disposición de la Policía Nacional, el cuerpo encargado de gestionar los trámites de expulsión del país.
Este tipo de órdenes son dictadas por la administración cuando se considera que una persona extranjera ha incumplido de forma grave las normas de extranjería, o bien ha cometido infracciones que suponen un riesgo para la seguridad o el orden público.
Infracción múltiple contra la normativa de seguridad vial
El detenido no solo se enfrentará a la expulsión del territorio español, sino también a consecuencias penales derivadas de la conducción sin licencia. La conducción sin permiso en España está tipificada como delito en el Código Penal, y puede acarrear penas de prisión de tres a seis meses, multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad.
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