El Ministerio Público había solicitado que los arrestados no se pudieran acercar a menos de 1.000 metros del Tribunal Supremo, aunque el juez Juan Javier Pérez no ha atendido a esta petición.
Los muchachos de Arran, una de las ramas violentas de la CUP, llevan una temporadita de actividad intensa de creación "cultural", pintando sedes de partidos políticos.
Tanto el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, como la líder del partido en Catalunya, Inés Arrimadas, han condenado el "señalamiento y acoso" contra el juez Llarena y han pedido a Pedro Sánchez que "actúe" para poner fin a esta situación.
La organización señala que "la juventud se tiene que dotar de las herramientas que tenga a su alcance para atacar un sistema judicial heredero del franquismo".
Un grupo de antisistemas que participaban en la manifestación convocada en el centro de Barcelona por Arran lanzan botes de humo y pintura frente a la fachada de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya.
En un manifiesto, aseguran que el actual modelo turístico está diseñado única y exclusivamente en base a los intereses económicos de la clase que les "explota".
Sapol considera que en el tuit de Arran con la fotografía de los policías hay "indicios claros de infracción grave" de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
La reunión con el presidente del Parlament se ha producido a petición del comisario Ferrán López después de los incidentes registrados en Catalunya y se preven que continuen en lo que los CDR han bautizado como "primevera catalana".
La Comisión Permanente del CGPJ ha pedido hoy al Ministerio del Interior medidas para proteger al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena y a su familia.
El cartel, difundido por las redes sociales de Arran Lleida, muestra las fotos de los concejales que están trabajando para impedir la celebración del referéndum ilegal.
Los ciudadanos hemos asistido perplejos este verano a los actos vandálicos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la CUP, contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear interpusieran denuncias.
