La Fiscalía de Barcelona defiende a los profesionales que autorizaron la eutanasia de Noelia

El debate sobre la eutanasia y la responsabilidad de los profesionales que la autorizan alcanza un nuevo capítulo en Barcelona, después de que la Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento de la causa contra los miembros del Comité de Ética Asistencial que evaluó el caso de Noelia, la joven de 25 años con paraplejia que recibió muerte asistida.

Solicitud de sobreseimiento

La Fiscalía de Barcelona remite su petición a la titular del Juzgado de Instrucción número 20, que investiga a un médico y a una jurista en relación con la querella presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

Según fuentes del Ministerio Público, “no se aprecia ningún indicio de delito en la actuación de los profesionales”, y se destaca que la decisión judicial previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 ya había avalado la eutanasia y descartado irregularidades en el procedimiento.

Antecedentes del caso

La querella planteaba que los dos miembros del comité habrían simulado un desacuerdo inexistente para elevar la decisión al pleno de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), alterando supuestamente el cauce legal previsto. La Fiscalía precisa que esta documentación se solicitó únicamente para cumplir con los trámites legales y permitir el análisis de la relevancia penal, como explicó el juzgado en un auto del 26 de marzo: “Dicha solicitud de testimonios no podía hacerse de otra forma que admitiendo a trámite la querella, al objeto de que la petición de la documentación aludida tuviera cobertura legal”.

Garantías del procedimiento

El informe elaborado por el dúo médico-jurista reflejaba que el sufrimiento de la paciente generaba “dudas” sobre si podía considerarse grave, crónico e imposibilitante, según los criterios de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Sin embargo, al tratarse de un caso complejo, los profesionales decidieron elevarlo al pleno del comité, integrado por 19 miembros, quienes adoptaron la decisión por unanimidad.

La jueza responsable confirmó que esta actuación “otorga a la decisión de mayores garantías”, subrayando que no vicia la nulidad del procedimiento, y que las actuaciones se desarrollan dentro del marco legal y administrativo previsto para casos de eutanasia en Catalunya.

Impacto y relevancia

El sobreseimiento solicitado por la Fiscalía subraya la importancia de respetar los protocolos de los comités éticos en procedimientos de muerte asistida y consolida la seguridad jurídica de los profesionales que participan en decisiones complejas sobre el final de la vida, garantizando que las actuaciones cumplen con la ley y los criterios de máxima protección para los pacientes.