Banco Santander

La entidad bancaria española ha sido condenada a pagar cerca de un millón de euros, aunque asegura que no debería ser multada y que la sanción es "demasiado alta".

Soraya Sáenz de Santamaría trabaja en el bufete de abogados Cuatrecasas, cuyo cliente es el Santander, que se enfrenta a uno de los problemas judiciales más grandes: los pleitos que ha heredado por la desaparición del Banco Popular.

La entidad financiera ha tenido que asumir en los tribunales la herencia envenenada del Banco Popular, que está lejos de acabar y que va sumando demandas de antiguos accionistas.

La entidad ha comunicado a los sindicatos la cifra de empleados que se verán afectados por el cierre de las oficinas del Banco Popular.

"La primera reacción fue de sorpresa, tristeza y un tremenda decepción. Creo que ni siquiera este término explica bien lo que sentí".

La entidad ha anunciado que recurrirá la decisión, pese a que los propios servicios jurídicos de la entidad ven "posible" la pérdida del recurso.

Se trata de la primera sentencia que pone negro sobre blanco que la entidad difundió información alejada de la realidad para conseguir una ampliación del capital. Ahora, el Banco Santander deberá abonar 28.047,50 euros como retorno de la inversión.

El grupo Santander ya ha devuelto un total de 357 millones de euros por este concepto a antiguos clientes del Banco Popular. Además, la entidad ha provisionado 680 millones para hacer frente a las demandas de los accionistas por la fusión bancaria.

Aún no existe un número oficial de empleados afectados por el ERE, aunque varios medios hablan de un recorte de entre 3.000 y 4.000 personas por el cierre de más de 1.000 sucursales.

Influyó también de forma negativa la caída en la inversión en Reino Unido, que disminuyó cerca del 11 por ciento, si bien la depreciación del real brasileño provocó también parte de la reducción de capital.

Los jueces han estimado un recurso de apelación de una empresa anulando la adquisición de bonos convertibles en acciones del Banco Popular suscritos en el año 2009 y renovados posteriormente en 2012.

Ana Botín se come el "sapo" de la gestión presuntamente irregular de los anteriores presidentes del Banco Popular.

La Agencia Tributaria investiga también a Carolina Botín; Ramón Urtasun, conocido como 'el casero de la milla de Oro' de Madrid'; José Luis Cotoner Martos, marqués de Bélgida, y de dos ex altos cargos venezolanos cercanos al expresidente Hugo Chávez.

El nuevo 'fichaje' de la entidad asumirá el cargo el 1 de enero de 2019 en sustitución de José Antonio Álvarez.

"Se trata de una sentencia muy relevante porque abre la puerta a muchas otras nulidades de bonistas del Popular a los que se colocó el producto sin la debida transparencia".

La sanción es de 485.000 euros y se encuentra recurrida en vía judicial.

El grupo de mexicanos denuncia que la forma en la que se resolvió la entidad resultó en "la destrucción completa" de sus inversiones. Compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión, tenían en torno al 4% del capital de Popular, por valor de unos 470 millones de euros.

La entidad también podría verse afectada por 'Brexit', debido a los plazos de negociación de la salida de Reino Unido de la UE y su relación futura con Europa y el resto del mundo.

La Agencia Tributaria ha aclarado además que los antiguos accionistas y obligacionistas del Popular también deberán declarar la pérdida derivada de la amortización de sus títulos como consecuencia de la resolución

La operación resultará en una plusvalía de 170 millones de euros sobre las cuentas individuales de Popular.