De cara al futuro, Santander considera que es demasiado pronto para predecir el impacto del coronavirus y que todo dependerá de cómo evolucione la situación.
La sentencia estima que la compra de este producto financiero por parte del matrimonio al Banco Popular fue ilícita porque los inversores carecían de conocimientos en materia financiera.
Esta es la séptima y última oleada de cierres, por lo que se da por finalizado el proceso de reestructuración de la red de oficinas en el marco de la ejecución del ERE.
Es la primera vez que un tribunal se remonta tan atrás en el tiempo en las causas sobre las acciones del Banco Popular. Según la sentencia, el Popular ofreció desde 2008 una imagen externa de fortaleza y rentabilidad que no se correspondía con la realidad.
Sumando todos los cierres anunciados y ejecutados, todavía estaría pendiente la clausura de 433 oficinas más, que deberá ejecutarse antes de que finalice 2019.
La Junta Única de Resolución (JUR) no encuentra ningún documento de la supuesta investigación que la institución europea llevó a cabo tras las filtraciones sobre la situación del Banco Popular.
Las sentencias destacan "la falta de información veraz" sobre el estado real de las cuentas de Popular en el momento de las adquisiciones por parte de los clientes.
En junio de 2017, OCU presentó su denuncia contra la antigua cúpula de la entidad resuelta y posteriormente comprada por el simbólico precio de un euro por Banco Santander.
La entidad bancaria española ha sido condenada a pagar cerca de un millón de euros, aunque asegura que no debería ser multada y que la sanción es "demasiado alta".
Soraya Sáenz de Santamaría trabaja en el bufete de abogados Cuatrecasas, cuyo cliente es el Santander, que se enfrenta a uno de los problemas judiciales más grandes: los pleitos que ha heredado por la desaparición del Banco Popular.
La entidad financiera ha tenido que asumir en los tribunales la herencia envenenada del Banco Popular, que está lejos de acabar y que va sumando demandas de antiguos accionistas.
