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La llamada Guerra del agua en Catalunya acaba de llegar a un punto sin retorno al fallar el Tribunal Supremo que Acciona debe devolver la gestión de la ATLL que ganó en un concurso -luego impugnado- allá por el lejano 2012.
Ambas empresas se privatizaron en 2012, con el gobierno de Artur Mas en funciones para tapar los enormes agujeros de las finanzas públicas catalanas.
El banco brasileño puso a la venta a principos de mes su participación en la ATLL para hacer frente a los problemas de liquidez que sufre desde que su presidente, Andrés Esteves, estuviera en prisión tras un escándalo de corrupción. Tras permanecer tres semanas en la cárcel salió de la misma y el juez decidió retirarle el pasaporte, limitar sus movimientos y ordenar su personamiento en el juzgado cada 15 días. Por eso Acciona se ha visto obligada a adquirir estas acciones para hacerse con el 78% de la sociedad, en una operación empresarial que todavía no cuenta con el plàcet de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia.
