Según el trabajo, elaborado por los institutos ICM e IDAEA del CSIC, la inyección de gas produjo no solo una sobrepresión, sino también un efecto de flotación del gas, que hizo que la falla de Amposta se moviera
Estas entidades financieras adelantaron en su día el dinero de la indemnización a ESCAL-UGS por la cancelación de las operaciones del almacén subterráneo de gas Castor, situado a 21 kilómetros frente a la costa de Vinaroz (Castellón).
El presidente de ACS señala ante la Comisión de investigación en el Parlament que no intervino "en nada" de lo relacionado con el proyecto Castor y que poco puede ayudar al respecto.
La sentencia se refiere al año 2015 y todavía quedan pendientes de resolución recursos de otros años.
El partido también solicita al exministro de Energía y Turismo José Manuel Soria, el exministro de Industria y Energía Josep Piqué, el exministro de Economía Rodrigo Rato, así como Zapatero, Rajoy y Montilla.
Los grupos parlamentarios del Congreso piden la comparecencia del presidente del Real Madrid, así como de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y Miguel Sebastián, coautor del libro de Pedro Sánchez.
Por presuntas irregularidades en el proyecto del almacén de gas han presentado un recurso de apelación contra el archivo del caso por la juez Lamela.
La jueza Lamela desestima la querella al considerar que el proyecto gasístico siguió una política previamente desarrollada y no se basó en una "idea peregrina".
Destaca las irregularidades en la adjudicación del proyecto y la indemnización, así como los terremotos que originó.
El Gobierno central "no está devolviendo el dinero que ha hecho pagar ilegalmente a los ciudadanos en la factura del gas".
Las entidades bancarias ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible.
A todos ellos, les atribuyen delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos por el proyecto Castor, de almacenamiento submarino de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón).
"Estamos de acuerdo en que no se pueden volver a hacer proyectos de estas características para que no haya riesgo a las poblaciones circundantes", afirma el ministro.
En aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro "dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones".
Además, Enagás Transporte recibirá más de 15 millones por el mantenimiento de la plataforma fallida.
En un primer momento Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, era la encargada de asumir el importe de dicha indemnización.
La plataforma de extracción de gas, cuyo funcionamiento fue suspendido por riesgo de seísmos, ya ha costado a los españoles unos 1.350 millones de euros.
La Sala Tercera considera "razonable" la petición de ampliación de la Generalitat, que reclama las auditorías para determinar si la cantidad que se paga responde a la realidad de los costes o a otros intereses.