Además de no haber recuperado un derecho laboral que permite el Gobierno central desde 2018, Satse lamenta que se produce una situación de discriminación con respecto a sus compañeros
El sindicato avisa que las "UCIs de los hospitales siguen con una elevada ocupación y la Atención Primaria es tan deficiente que hoy por hoy sería incapaz de hacerse cargo de la atención sanitaria de los miles de usuarios que la solicitarán".
Vivimos el final de la primera onda epidémica de SARS-Cov-2 con 838 casos confirmados con PCR y 164 ciudadanos fallecidos, las cifras más bajas desde que se declaró el estado de alarma. Se inicia una etapa tan necesaria como peligrosa: el desconfinamiento.
Según la organización internacional, para lograr la cobertura sanitaria universal para 2030, el mundo necesita que el personal de enfermería y partería aumente en 9 millones.
En toda España, el cierre de camas se estima en unas 12.700 este verano. El Sindicato de Enfermería, Satse, denuncia el "afán cortoplacista por ahorrar dinero" de los distintos servicios de salud autonómicos con estas decisiones.
Satse denuncia una pérdida en la capacidad de atracción de capital humano y unas ratios raquíticas de enfermeras, que no han recuperado los niveles previos a la crisis.
El sindicato recuerda que en unidades de cuidados críticos, el riesgo de muerte se incrementa hasta 3,5 veces cuando una enfermera atiende a más de 2,5 pacientes.
Según la sentencia del TC, el acto de comprobación del cumplimiento de tales condiciones, que tiene naturaleza ejecutiva, forma parte de las competencias autonómicas en materia sanitaria.
El presidente de la Organización Colegial de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha resaltado que el Ejecutivo ha actuado de forma "inadmisible" y contraviniendo la normativa vigente, el compromiso europeo y el sentido común.
"España dista mucho de tener el número suficiente de estos profesionales para dar una respuesta satisfactoria a sus necesidades", ha explicado el sindicato.
"Por cada paciente que debe atender una enfermera en cualquier turno y en cualquier país la mortalidad se incrementa un 7%", ha afirmado la directora del Centro para Resultados de Salud e Investigación sobre Políticas de la Universidad de Filadelfia.
"El decreto tiene la voluntad de mantenerse dentro del marco jurídico que determina el RD, pese a nuestro desacuerdo en alguno de los contenidos", razón por la que el Govern recurrió el decreto estatal, afirma Comín.
