La Fiscalía General del land alemán de Schleswig-Holstein solicitó que el expresidente catalán fuera extraditado a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos.
Lo único claro que hay ahora en el panorama político catalán es que el reloj del Parlament de Catalunya sigue girando y son contados los días que le quedan al bloque independentista para presentar al candidato a la presidencia de la Generalitat que además ha de ser elegido en su sede.
Los jueces no han aceptado el criterio del Ministerio Público y han acordado imponer una cantidad de 75.000 euros al expresidente catalán para eludir la prisión.