En los últimos años estamos asistiendo a cambios con graves afectaciones para la ciudadanía en cuanto al derecho a la vivienda previsto en el artículo 47 de la Constitución española.
Hace pocos días, desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona estimamos una queja ciudadana que reclamaba responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, ya que no se habían dado las pretensiones económicas reclamadas ni se habían tenido en consideración las circunstancias personales de la interesada.
CaixaBank y la Generalitat han firmado este acuerdo con la intención de paliar el problema de escasez de oferta de vivienda social.