Hasta 34 editoriales habían creado un mecanismo para concertar precios y castigar a las firmas que se salieran de un acuerdo creado para limitar la competencia.
La nueva consellera de Enseñanza de la Generalitat, Clara Ponsatí, ha visto "oscurantismo y censura franquista" en la orden de inspeccionar los libros de texto catalanes anunciada en mayo y que podría realizarse en setiembre.
