La causa, que se prolonga desde hace ocho años, analiza si empresas del sector gasista pagaron al despacho fundado por Montoro con el objetivo de influir en cambios legislativos que redujeran la carga fiscal de su actividad.
Villarino explicó que el sector de los asuntos públicos ha evolucionado desde sus inicios, cuando operaba entre bastidores, hasta convertirse en un actor más visible en la política y la economía del país.
