Cristóbal Montoro pide el archivo de su causa judicial y niega irregularidades en su lobby gasista

 El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha solicitado el archivo de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades relacionadas con su antiguo despacho profesional, Equipo Económico, y supuestas reformas fiscales favorables al sector gasista. En un recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Tarragona, el exdirigente del Partido Popular sostiene que las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respaldan su inocencia y acusa a la Fiscalía Anticorrupción de construir el caso sobre una “fabulación”.

La causa, que se prolonga desde hace ocho años, analiza si empresas del sector gasista pagaron al despacho fundado por Montoro con el objetivo de influir en cambios legislativos que redujeran la carga fiscal de su actividad. El procedimiento se instruye en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona.

La defensa se apoya en el informe de la UCO

La estrategia jurídica del exministro se basa en un informe elaborado por la UCO en el que los investigadores concluyen que no se detectó desvío de fondos hacia cuentas ajenas a los socios del despacho. Según los agentes, el rastreo de los pagos realizados por varias empresas gasísticas conduce únicamente a las cuentas de los propios socios de Equipo Económico, sin evidencias de comisiones irregulares.

Esta interpretación contradice parcialmente la posición de la Fiscalía Anticorrupción, de la Agencia Tributaria y de los Mossos d’Esquadra, que han planteado sospechas sobre posibles pagos vinculados a modificaciones normativas impulsadas cuando Montoro ocupaba el Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El juez instructor solicitó a la Guardia Civil que analizara la trazabilidad del dinero pagado al despacho para determinar si parte de esos fondos pudo terminar en cuentas vinculadas al propio exministro o a terceros relacionados con la administración.

Sospechas sobre pagos fraccionados

Pese al informe de la UCO, la investigación judicial se ha visto reforzada por un documento elaborado por la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción. En este informe se alertaba de movimientos financieros considerados sospechosos, entre ellos el posible fraccionamiento de pagos realizados por empresas gasísticas al despacho.

Según esta tesis, el despacho habría cobrado en distintas transferencias con el objetivo de evitar controles o detecciones vinculadas a la obtención de cambios normativos que beneficiaban al sector energético.

Equipo Económico —denominado inicialmente Montoro y Asociados— fue fundado por el propio exministro antes de su regreso a la política. Cuando Montoro volvió a ocupar cargos públicos, el despacho quedó en manos de otros socios fundadores.

La defensa denuncia una investigación “prospectiva”

El recurso presentado por la defensa de Montoro, dirigida por un antiguo abogado del Estado, solicita que se detenga la práctica de nuevas diligencias y que la causa sea archivada por falta de indicios de delito.

En el escrito, los abogados sostienen que la investigación se basa en una interpretación especulativa de los hechos y califican la actuación de la Fiscalía como una “fabulación” construida a partir de sospechas sin respaldo probatorio.

También critican lo que consideran una investigación “prospectiva”, es decir, una búsqueda de indicios sin hechos concretos que justifiquen la apertura del procedimiento.

Defensa del papel de los lobbies en la elaboración normativa

En su argumentación, el exministro defiende la legitimidad de que asociaciones empresariales o colectivos sectoriales planteen propuestas legislativas al Gobierno. Según su posición, esta práctica forma parte del funcionamiento habitual de los sistemas democráticos.

Montoro sostiene que la interlocución entre empresas, asociaciones y administraciones públicas para proponer reformas normativas es común en gobiernos de cualquier signo político y que no puede considerarse una conducta delictiva.

En este contexto, el exministro también argumenta que la reforma fiscal analizada en la investigación se produjo en un momento en que el Gobierno impulsaba una reducción general de la carga impositiva empresarial, incluida la rebaja del tipo del Impuesto sobre Sociedades en 2014.

Próxima decisión judicial

La Audiencia Provincial de Tarragona deberá ahora pronunciarse sobre el recurso presentado por la defensa y decidir si procede el archivo de la causa o si la investigación continúa con nuevas diligencias.

El caso examina el posible uso de canales de influencia entre despachos privados y la administración pública para impulsar cambios legislativos favorables a determinados sectores, una cuestión que se sitúa en el centro del debate sobre la regulación de los lobbies y la transparencia en la elaboración normativa.