El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Rivas que pide la nulidad del plenario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo celebrado el pasado 6 de noviembre.
Según los recursos, considera que la principal pretensión de la Diputación de Aragón al pedir la nulidad de los contratos de compraventas era conseguir el traslado de los bienes.
La titular del juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Barcelona resolvió que el protocolo es nulo de pleno derecho, al sobrepasar las competencias autonómicas.
El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), Jorge Español, ha afirmado que ambos recursos "tenían muy pocas o nulas posibilidades de prosperar".
El alcalde de la ciudad, Àngel Ros, ha anunciado que el Consorcio recurrirá la sentencia de la Audiencia de Huesca que ordena el traslado de las 44 obras.
El exvicepresidente y los exconsellers de ERC no renuncian a sus convicciones políticas “plenamente legítimas” y piden salir de prisión para participar en la campaña electoral.
Consideran que la tramitación de los escritos presentados por JxSí y la CUP suponen ignorar la sentencia dictada por el tribunal de garantías en diciembre de 2015 que anuló la hoja de ruta.
Turull ha explicado que presentarán dos recursos en el TC: un conflicto de competencias y un recurso de amparo, y en el TS, dos recursos por la vía contenciosa administrativa.
El tribunal ha aludido a que Puigdemont y los consellers "habrían utilizado arbitrariamente las potestades que tienen como miembros del Govern de Catalunya" al convocar las votaciones del 1 de octubre
El Ejecutivo obtuvo este mismo viernes por la mañana el informe preceptivo del Consejo de Estado favorable a recurrir esta ley y la del código tributario que pretende crear una Hacienda propia.
El Tribunal envía una notificación urgente al Govern, más de 900 alcaldes y 60 cargos públicos, Mossos d'esquadra y a medios de comunicación de su decisión.
Ambos partidos han destacado que el objetivo del recurso es impedir el intento de los independentistas de usar el dinero de "todos los catalanes" para "destruir España" y "levantar muros".
El expresidente de la Generalitat entiende que la inhabilitación debería ceñirse al cargo que ostentaba en el momento de la consulta del 9N | Alega que se vulneran derechos fundamentales amparados por la Constitución.
