Los agentes han requerido la entrega de unos expedientes de contratación en la sede de Presidencia y en la Conselleria d'Afers Exteriors por orden la jueza instructora de Barcelona.
La Guardia Civil explica en un informe que se creó para la consulta el 9-N de 2014 y se actualizó con 94.253 euros para el 1-O con datos obtenidos de manera ilegal.
La operación se ha producido pocas horas después de que la Guardia Civil informara de que ha descubierto un sobrecoste en el call center del 1-O.