Los agentes han requerido la entrega de unos expedientes de contratación en la sede de Presidencia y en la Conselleria d'Afers Exteriors por orden la jueza instructora de Barcelona.
La Guardia Civil explica en un informe que se creó para la consulta el 9-N de 2014 y se actualizó con 94.253 euros para el 1-O con datos obtenidos de manera ilegal.
