El caso tiene su origen en una denuncia presentada por SCC y la Asociación de Abogados Catalanes, que consideran que los siete ex altos cargos tienen una responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
La querella se interpondrá ante el Supremo un recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Munté dice que no les "temblarán las piernas" para cumplir con el referéndum pese a las sentencias y acusa al Estado de tener "fobia y pánico a la democracia".
Los que esperaban una condena mucho más dura del TSJC --que ha presidido el Magistrado Jesús María Barrientos--, se han quedado con un palmo de narices.
